Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Tino Vaquero. - EUROPA PRESS - Archivo
GIJÓN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista de Gijón ha conminado este lunes al Gobierno local que aclare qué es lo que va a hacer exactamente con la prohibición de circulación de patinetes por el centro de la ciudad.
Por este motivo, llevará al próximo Pleno el debate después de que los ediles de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, Pelayo Barcia y Nuria Bravo, respectivamente, hicieran pública esta medida, que iba a entrar en este día en vigor, para que después la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, los "desautorizara", anunciando su regulación mediante ordenanza.
El PSOE gijonés, a través de una nota de prensa, ha incidido en que después de que la alcaldesa dejara en suspenso la prohibición anunciada, Barcia volvió a matizar en sus redes sociales que lo único que va a hacer es contemplar excepciones para repartidores y residentes.
"Es el mismo concejal y el mismo Gobierno que el otro día votó en contra de una proposición de Vox a través de la que pedían elaborar una ordenanza reguladora para estos vehículos", ha remarcado el edil socialista Tino Vaquero.
Este preguntará también por los estudios o informes técnicos y jurídicos que avalan y justifican esta medida y que deberían analizar también la proporcionalidad e idoneidad de la medida.
"Basta echar un vistazo a nuestras calles, a las aceras, a las zonas de carga y descarga, a las noticias sobre accidentes, etc, para ver las infracciones que se cometen diariamente y sobre las que se hace la vista gorda, en lo que nosotros hemos calificado ya en el Pleno, varias veces, como 'Gijón Ciudad sin Ley'", ha agregado el concejal.
Para Vaquero, lo anunciado por los ediles Pelayo Barcia y Nuria Bravo es, además, "ilegal y contrario a derecho". Según él, la Ordenanza de Circulación de 2002, la vigente después de Foro que tumbara la Ordena de Movilidad Sostenible, no regula los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).
El concejal ha sostenido, al respecto, que la prohibición de los patinetes carece de respaldo legal porque la Ordenanza de Circulación de Gijón, aprobada en 2002, no regula los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).
Ha señalado que, si bien es cierto que los municipios tienen competencias para la ordenación de las relaciones de convivencia y del tráfico en las vías urbanas, este ejercicio competencial no es ilimitado ni puede articularse de forma puramente discrecional, sino que debe encauzarse a través de los instrumentos jurídicos formales preestablecidos: las Ordenanzas Municipales.
Cualquier restricción general de circulación debería, según el edil del PSOE, aprobarse mediante una modificación de la ordenanza por el Pleno municipal, con los correspondientes trámites de información pública y participación ciudadana, y no mediante señales de tráfico, resoluciones o actos administrativos.
Además, ha argumentado que las señales son instrumentos de ejecución y no pueden sustituir a una norma reglamentaria previa, por lo que una prohibición general como esta (afecta a la mayor parte de las calles del centro urbano) sin cobertura en ordenanza podría vulnerar los principios de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía normativa.
Vaquero ha señalado que también afecta a actividades económicas vinculadas a estos vehículos, vulnerado la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado y la de Estabilidad Presupuestaria.
"Si la Ley de Tráfico prohíbe taxativamente a estos vehículos la circulación por aceras, paseos y zonas peatonales, dejando como único espacio legal de circulación la calzada urbana, al prohibir de forma simultánea y generalizada el acceso a las vías urbanas del centro a través de la instalación física de la señal R-118, el efecto material de la resolución o del acto administrativo municipal es el aislamiento y confinamiento total del centro de la ciudad para estos vehículos", ha apuntado.
A su juicio, todo ello refleja una política de movilidad "regresiva y desfasada", alejada de las tendencias europeas que apuestan por medios de transporte sostenibles y por reducir la dependencia del coche, según el edil.
El concejal socialista ha incidido en que este medio de transporte es uso por una buena parte de repartidores, que forman parte de una actividad económica importante que no contaminan, que no generan ruido y que constituyen una herramienta de movilidad de primer orden para muchos trabajadores.
Por otro lado, ha recordado la necesidad de que las decisiones de este tipo se debatan en el Consejo Sectorial de Movilidad, que a lo largo del mandato solo se ha reunido en dos ocasiones, y ha defendido que se sancione a los infractores y no se castigue a quien ha adquirido un vehículo legal y autorizado por la DGT.