OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Gobierno asturiano y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, el socialista Juan Cofiño, ha dicho este lunes que el Ejecutivo regional está "expectante" y "cauto" ante la tramitación de la ley para reducir la temporalidad del empleo público, que sigue tramitándose en el Congreso de los Diputados.
En una comisión parlamentaria, Cofiño ha comentado que espera que la citada norma se apruebe "en cuestión de semanas", con lo que en Asturias tendrán base legal suficiente para poder actuar con el fin de estabilizar a un número importante de interinos.
Mientras tanto, ha dicho, se están agilizando en Asturias ofertas de empleo público que habían quedado atrasadas y que también contribuirán a reducir la temporalidad en el sector de la Administración.
Confía Cofiño en que los interinos que no consigan plaza fija tengan más oportunidades dado que se va a flexibilizar la tasa de reposición, por lo tanto habrá más puestos dadas las jubilaciones previstas, y un manejo adecuado de las bolsas de empleo. Revisarán el instrumento de esas bolsas para "mitigar agravios".
En Asturias hay unas 4.000 personas que acumulan trabajos de interinos en la Administración durante un periodo de al menos tres años. Son 3.000 sanitarios, unos 200 docentes y 1.900 en otros servicios, según los datos aportados por Cofiño.
Desde la oposición, Pablo González (PP) ha señalado la complejidad de este proceso y ha solicitado al Gobierno que no se generen más problemas y todo se complique más.
Esa complejidad ha sido apuntada también por el diputado de Podemos Ricardo Pérez Salmón, que ha dicho que la solución pasa por una especie de "cuadratura del círculo". Así, ha indicado que son varios los intereses que juegan en este proceso. Por un lado están los interinos que quieren pasar a ser fijos sin procesos de selección, por otro lado el acuerdo de los grandes sindicatos mayoritarios que contempla un plan de estabilización e indemnizaciones y, por último, el interés de los opositores que proponen procesos selectivos puros en los que no puntúen variables como la experiencia en el puesto.
A esos intereses Cofiño ha añadido el de los propios funcionarios fijos que pasaron por el correspondiente proceso de selección. Ha insistido en la necesidad de una legislación clara a nivel estatal porque el problema es además mayor si se tienen en cuenta los pronunciamientos judiciales, a veces distintos entre tribunales europeos y españoles. "Entre los pronunciamientos de tribunales y europeos hay quiebras", ha dicho.
