El Gobierno central está trabajando "para que no haya repercusiones económicas desfavorables" para El Musel

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central está trabajando "para que no haya repercusiones económicas desfavorables" para el puerto gijonés de El Musel en relación con el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), según responde a una pregunta escrita del diputado de UPyD en el Congreso Carlos Martínez Gorriarán.

Según el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) se trabaja "para que no haya repercusiones económicas desfavorables, pues se considera que los fondos europeos se destinaron al fin para el que habían sido otorgados de acuerdo con el proyecto original, de manera que todos los gastos certificados tienen la naturaleza de elegibles y son susceptibles de ser financiados con subvenciones comunitarias".

El Gobierno señala además que, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios, se ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción el 28 de abril de 2014 el informe de la OLAF que ha dado origen al expediente sobre supuestas irregularidades en la ampliación de El Musel, "siendo a dicha Fiscalía a quien corresponde delimitar las posibles responsabilidades".

"Cabe señalar que las competencias del Gobierno, por medio de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se refieren únicamente a la compatibilidad de las ayudas recibidas por el Puerto de Gijón con la reglamentación comunitaria", matiza el Ejecutivo en su respuesta recogida por Europa Press.

Al respecto, añade que "la actividad de dicha Dirección General se centra en estudiar la propuesta de cierre del proyecto de ampliación del Puerto de Gijón remitida por la Comisión Europea en el plazo legal marcado para ello y la formulación, en su caso, de posibles alegaciones a la misma, siempre desde el punto de vista de la reglamentación de los Fondos Comunitarios".

"Respecto a los hechos que pone de manifiesto la OLAF, cabe señalar que a requerimiento del Gobierno, a través de Puertos del Estado, la Abogacía General del Estado ha informado con fecha 23 de abril de 2014 que, de confirmarse dichos hechos, serían constitutivos de delito, se ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para ofrecer toda su colaboración y tiene previsto ejercer la acusación particular en el momento oportuno contra quienes pudieran ser responsables", remarcan desde el Gobierno central.