OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Asturias sigue haciendo frente a una deuda millonaria con Telefónica SAU que arrastra fundamentalmente fruto de un contrato adjudicado en 1998. Fue en 2010 cuando la compañía decidió acudir a los tribunales para reclamar la deuda. Sus peticiones fueron estimadas parcialmente ya en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que condenó al Principado a pagar a Telefónica cerca de 8 millones más los intereses. Posteriormente el Tribunal Supremo modificó ese fallo y estimó en su totalidad la reclamación de la compañía, incrementando la cuantía.
Según han explicado fuentes del Principado a Europa Press, la deuda se refiere al periodo 1998-2005 y asciende a 14,7 millones. El pasado mes de diciembre ya se pagó a Telefónica 8.036.930,75 euros. Está acordado que el Gobierno asturiano retome los pagos en el primer trimestre de 2017, cuando abonará 3.341.788,94 euros. Un año después, en el primer trimestre de 2018 hará frente al último pago, de 3.341.788,95 euros.
La sentencia del TSJA de 2013 no dejó satisfecho a ninguna de las partes, ni al Gobierno asturiano ni a Telefónica, de forma que ambas acudieron en casación al Tribunal Supremo, que falló en abril de 2015 desoyendo los argumentos del Principado. Sin embargo, sí que recogió las razones de Telefónica y decidió estimar su petición en su totalidad, condenando al Principado a pagar otros 730.000 euros de los reconocidos por el tribunal asturiano.
Este asunto salió a relucir en la comparecencia de Hacienda y Sector Público, a finales de noviembre de 2015, relativa al proyecto presupuestario para el año 2016. El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, fue preguntado por los diputados regionales sobre cómo tenía pensado hacer frente a la sentencia.
Blanco reconoció que se estaba pagando y que existía "un acuerdo" con Telefónica por el que se han periodificado una serie de pagos y ya se estaban atendiendo. "No hay ninguna cosa extraña detrás de esa sentencia, más que una discrepancia, lógica, en la defensa del interés público respecto a las cantidades que nos facturaba. En un momento determinado, entendimos que las cantidades que se facturaban no eran las correctas y hubo una discrepancia, que al final se saldó pues con esa sentencia. Y se está pagando", explicó el dirigente asturiano.
El origen de esta deuda se remonta al contrato suscrito del Principado con Telefónica con fecha de 1 de octubre de 1998 bajo el título ' Prestación de un servicio integrado de voz, datos e imágenes (Red Corporativa del Principado de Asturias)'. En menor medida, también afecta la deuda al 'contrato del Servicio Avanzado de Telecomunicaciones de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos', de 24 de junio de 2005.
La deuda reclamada inicial, de esos 8 millones, se desglosa, según los fundamentos jurídicos consultados por Europa Press, en 7.304.831 euros en concepto de regularización del contrato en 1998; otros 84.467 euros en concepto de facturación de servicios de ADSL bajo la modalidad de pago compartido correspondiente al convenio Educastur; 190.813 euros por la facturación compartida variable ADSL emitida durante la vigencia tanto del contrato de 1998 como de 2005; 159.999 en concepto de venta de equipamiento de voz y datos a al Universidad Laboral; y 296.818 correspondientes al sumatorio de conceptos de facturación impagada del servicio Iberpac y de servicios proveídos por Telefónica Data España.
Desde el gobierno asturiano intentaron alegar la prescripción de la deuda, pero los jueces señalaron que no había lugar a la extinción de la obligación, dado las fechas de los requerimientos de la compañía a la Administración. Tampoco contemplaron otros argumentos del Principado.
Al acudir en casación al Tribunal Supremo, la consecuencia fue peor para el Principado, porque la sala decidió estimar íntegramente las pretensiones de Telefónica y desestimó todos los argumentos del Gobierno asturiano. La compañía pedía otros 730.438,15 euros más sus correspondientes intereses, cuantía derivada de la desestimación parcial del TSJA por el contrato de 7,3 millones.
El tribunal asturiano había decidido restar un 10% de la cantidad reclamada como consecuencia de un informe de la Administración de 15 de diciembre de 2015. "En este punto la sentencia incurre en una evidente falta de motivación y el motivo ha de estimarse y dictar otra sentencia que estime en su totalidad el recurso contencioso-administrativo interpuesto", señala el Tribunal Supremo, que eleva así en esos 730.000 la cantidad a pagar por el Principado. La decisión del Supremo es inapelable y ya no hay lugar a más recursos.
