La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante su comparecencia esta tarde en la Junta General. - PRINCIPADO
OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El anteproyecto de ley de la tasa turística de Asturias no podrá eximir de su pago a los propios asturianos que hagan turismo dentro de la comunidad autónoma. Así lo ha trasladado este jueves la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, en la Junta General, quien ha revelado que el Principado ya estudia "otras posibilidades".
Durante su comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, la consejera ha explicado que "la propia ley no puede recoger una exención por el lugar de residencia". "Lo hemos analizado, lo hemos consultado y estamos analizando otras posibilidades, pero la propia ley no lo puede recoger", ha añadido.
Llamedo ha dejado claro el enfoque preventivo del Ejecutivo autonómico: "No hablamos de un destino masificado, pero gobernar es anticiparse", ha subrayado. La consejera ha querido disipar dudas sobre la naturaleza del impuesto, insistiendo en que no se trata de una imposición autonómica uniforme, sino de un recargo de aplicación estrictamente voluntaria por parte de los ayuntamientos.
Llamedo ha enfatizado que "no es una herramienta recaudatoria". Si tuviera ese fin, ha argumentado, su aplicación sería obligatoria y permanente en todo el territorio asturiano. Ha insistido en que la recaudación se destinará íntegramente al concejo donde se genere. "No financia gasto general, financia aquello que el propio turismo necesita para seguir siendo sostenible", ha afirmado, refiriéndose a servicios de limpieza, seguridad, movilidad o mantenimiento de infraestructuras sobrecargadas en temporada alta.
La propuesta del Gobierno asturiano plantea una aportación de entre 50 céntimos y 3 euros por noche según el tipo de alojamiento. En este sentido, Llamedo ha defendido que "una pequeña aportación de quien disfruta temporalmente Asturias sirve para no trasladar íntegramente ese esfuerzo a nuestros vecinos y vecinas".
Respecto al avance administrativo de la norma, Llamedo ha informado de que el plazo para la presentación de alegaciones se cerró el pasado viernes y la recepción de las mismas concluyó este martes. Ha detallado que los servicios de la Consejería están "plenamente inmersos en el análisis" y en la elaboración del informe preceptivo. Según ha adelantado, este documento "estará ultimado a más tardar el lunes", momento a partir del cual se iniciará la tramitación definitiva para elevar el proyecto de ley al Consejo de Gobierno.
La diputada del PP Sandra Camino ha rechazado la medida calificándola de "imposición ideológica" y "experimento". Camino ha acusado al Ejecutivo asturiano de seguir una estrategia de "improvisación fiscal" que busca "complicar" un sector que actualmente funciona bien y genera riqueza.
"Recauda el Principado, deja que el coste lo paguen las empresas y los turistas y lo llaman sostenibilidad para que suene menos a intervención", ha criticado la parlamentaria, denunciando que la tasa se implanta "de espaldas" y en contra del criterio unánime de la patronal, los empresarios y los agentes sociales. Asimismo, ha afeado al Gobierno que hable de anticipación con este impuesto mientras deja de lado prioridades esenciales como la educación o el bienestar social.
El diputado de Vox Javier Jové ha calificado la comparecencia de "totalmente decepcionante" al considerar que el Gobierno no ha aportado ninguna base técnica ni ha cuantificado las supuestas externalidades negativas del sector. Jové ha argumentado que la recaudación máxima estimada apenas supondrá el 0,2% de los ingresos de los ayuntamientos, por lo que ha tachado la norma de "circo" innecesario que solo sirve para "sangrar a la gente con impuestos antes de tiempo".
El parlamentario ha denunciado que la medida demuestra que en el Principado "quien manda es la extrema izquierda" de los "viejocomunistas" y "neocomunistas", frente a un PSOE sumiso, y ha recordado que el sector ya aporta más de 470 millones de euros en impuestos y cerca de 50.000 empleos en la región.
En el extremo opuesto, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha defendido el tributo al entender que la tasa es una herramienta de "corresponsabilidad" que busca el bien común y la protección del territorio. Tomé ha señalado que los impactos negativos del turismo, como la saturación de servicios sanitarios, la generación de basura o la subida del alquiler, son una realidad en muchas regiones y que es el momento perfecto para la prevención antes de que Asturias sufra una mayor masificación.
Aunque ha reconocido que prefería inicialmente una tasa de carácter autonómico y obligatorio por cohesión territorial, ha puesto en valor el "consenso" alcanzado para iniciar este camino con un recargo municipal voluntario, cuyos ingresos permitirán mejorar las infraestructuras locales y conservar el patrimonio sin que el esfuerzo recaiga únicamente en los residentes.
Desde las filas que sustentan al Gobierno, el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha puesto en valor la "genealogía" del acuerdo y ha defendido que, aunque su grupo no renuncia a una tasa autonómica obligatoria en el futuro, este modelo municipal y voluntario supone "un paso enormemente importante" nacido del acuerdo "progresista".
Vegas ha insistido en que no se trata de demonizar el turismo, sino de aplicar una política de anticipación. Además, ha afeado al PP su "doble rasero" al calificar la medida de experimento cuando sus propios alcaldes la impulsan en Galicia, y ha sentenciado que la verdadera tasa que daña la reputación del sector asturiano no son los 50 céntimos por pernocta, sino las "jornadas incansables" y las precarias condiciones laborales que sufre la hostelería.
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Lidia Fernández ha contrapuesto la postura del Gobierno frente al "apocalipsis económico" y el "ventajismo electoral" de las derecha, asegurando que el proyecto aporta "justicia social, convivencia y valentía" frente al modelo de "barra libre y saturación".