El Gobierno ve próxima la posibilidad de aplicar una moratoria a los parques de baterías próximos a viviendas

GIJÓN, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha ratificado este martes la voluntad política del Ejecutivo municipal de buscar fórmulas para evitar la instalación de parques de baterías en polígonos industriales con viviendas próximas y, entre tanto, aplicar una moratoria para retrasar su implantación.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha insistido en que tienen el compromiso político "total" de poder hacer esa moratoria, para que en todas esas zonas de los polígonos industriales de Gijón que tienen viviendas cerca, no se puedan instalar este tipo de instalaciones.

Eso sí, el edil ha reconocido que hasta ahora no han encontrado el armazón jurídico necesario que les permita motivar adecuadamente la moratoria, que va incardinada con una modificación del Plan General de Ordenación (PGO), por lo que no habían visto todavía la posibilidad de anunciar nada al respecto.

Martínez Salvador ha matizado, en este sentido, que sí tienen alguna línea de trabajo abierta, a lo que ha apuntado que confía en que van a poder anunciarla con detalles próximamente.

ZONAS TENSIONADAS

Preguntado por el periodo de información pública abierto para alegar contra la declaración de zonas tensionadas, en el caso de Gijón en los barrios de Cimadevilla y de la Arena, ha señalado que el proceso se acaba de abrir y aún tienen que estudiar la documentación.

Aún así, ha reiterado, como en otras ocasiones, que el Gobierno local está en contra de limitar los precios del alquiler, ya que consideran que no va a traer aparejado una mayor oferta de viviendas.

El edil ha incidido en que si alguien tiene un piso y no lo tiene puesto en el mercado de alquiler, pudiendo elegir el precio de la renta mensual que él quiera, no hay nada que haga pensar que porque el Gobierno vaya a imponerte un precio, que es inferior al que uno pondría, vaya a sacar su vivienda al mercado.

A su juicio, esta medida no va a traer los resultados perseguidos. Incluso, ha recalcado que cuando se dice que en un sitio se ha aplicado y ha bajado el precio del alquiler un 3 por ciento, sin negar que eso sea así, ha apuntado que habrá que ver cuál es el volumen de pisos que salen al alquiler.

Sobre ello, ha animado a preguntarse si porque salgan unas pocas viviendas más al mercado si se está solucionando un problema a la gente. Con todo, ha remarcado que van a esperar a analizarlo.

También ha apuntado el concejal que, al margen de topar los precios, el Gobierno asturiano no les ha indicado "ninguna" otra medida relacionada con estas zonas tensionadas.

Ha recordado, unido a ello, que en un Pleno Municipal se aprobó una proposición con la que se pedía al Principado que antes de tomar o adoptar cualquier medida se consensuara con el Ayuntamiento. "De momento no ha ocurrido", ha recalcado.

Martínez Salvador, no obstante, ha indicado que los informes preliminares, a los que tuvieron acceso hace más de un año, decían que en Gijón no se daban las condiciones para poder establecer las zonas tensionadas, puesto que el IPC había aumentado más que los precios del alquiler.

Respecto a que ahora parece que en Cimadevilla sí ha ocurrido esto, ha apuntado que tendrán que examinar la información pública, de cara a presentar alegaciones si así lo consideran necesario.

En cuanto a la cesión de solares municipales al Gobierno autonómico para la construcción de vivienda pública en alquiler asequible, el edil ha dicho confiar en que logren alcanzar con el Principado un acuerdo, si bien ha matizado que para ello es también importante que se apruebe el Plan Estatal de Vivienda.

JUNTA DE GOBIERNO

En otro orden de asuntos, y respecto a la Junta de Gobierno local, ha indicado que se ha aprobado este martes la adjudicación, a la empresa AT Capital SL., del contrato de suministro en régimen de arrendamiento operativo sin opción de compra de los vehículos de distintas motorizaciones y su mantenimiento, que se destinan al área de Seguridad Ciudadana, por una vigencia de 56 meses y un monto global de más de 2,8 millones de euros.