Los grupos de la Junta General apelan a la prudencia tras la imputación de cuatro personas por el caso Cerredo

   OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los grupos parlamentarios han mostrado este miércoles su respeto a las decisiones judiciales tras conocerse ayer la imputación por cinco delitos de homicidio por imprudencia al empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', su esposa Ana María Rodríguez, su hijo Adrián Rodríguez y el director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas.

   La comisión de investigación parlamentaria, que trata de esclarecer lo ocurrido tras el accidente del pasado 31 de marzo en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, aún no ha llegado a su final, ya que están previstas dos comparecencias más, a petición del Grupo Popular, que tendrán lugar el próximo lunes 16.

   Los portavoces parlamentarios han subrayado que el objetivo de la comisión de investigación parlamentaria no es determinar responsabilidades penales, sino políticas que permitieron la actividad en una mina "que no estaba autorizada para extraer carbón" y que derivó en la muerte de trabajadores.

   Han insistido en que la comisión debe centrarse en determinar la responsabilidad de la Administración del Principado y en identificar posibles fallos para que no vuelvan a producirse situaciones similares, por lo que rechazan tener conclusiones preconcebidas y apuestan por analizar la documentación y las comparecencias pendientes antes de fijar posición definitiva.

   La portavoz socialista Dolores Carcedo ha recalcado que el procedimiento judicial "está en marcha" y que corresponde esperar a su evolución antes de realizar valoraciones de fondo. Carcedo ha recordado que aún quedan dos comparecencias pendientes en la comisión y ha señalado que ahora se abre para el Grupo Socialista una fase de "visión global" de todo lo escuchado y de la abundante documentación incorporada a los trabajos.

   A su juicio, es necesario realizar un análisis "contrastado" antes de fijar conclusiones en el dictamen final, por lo que considera "precipitado" efectuar valoraciones en este momento.

   El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha defendido el respeto a la investigación judicial y al derecho de las personas imputadas a no declarar, y ha señalado que la decisión de levantar el secreto de sumario y formalizar imputaciones "era esperada" y no altera el trabajo parlamentario.

   Vegas ha denunciado que hay grupos parlamentarios que, según él, "tenían conclusiones desde el minuto 0 o desde el día 1", mientras que su grupo opta por escuchar todas las comparecencias pendientes y analizar con detalle la documentación antes de fijar posición definitiva. "Es pronto para conclusiones prematuras", ha afirmado.

   Por su parte, la diputada Covadonga Tomé (Grupo Mixto) y presidenta de la comisión ha considerado "significativo" que las cuatro personas ahora imputadas no declarasen en la comisión de investigación, lo que ha vinculado a su situación judicial.

   Tomé ha defendido que la vía judicial y la parlamentaria siguen caminos distintos y ha remarcado que el objetivo de la comisión debe ser dirimir responsabilidades políticas y determinar "hasta qué punto la Administración miró hacia otro lado" o tuvo algún grado de responsabilidad en lo ocurrido.

   Tanto Luis Venta (PP) como Javier Jové (Vox) consideran que ha habido "demasiados silencios" y han vinculado la situación de Cerredo con lo que considera una "connivencia" del Gobierno autonómico. Tras conocerse las imputaciones, han comentado que eran "previsibles".

   El diputado del PP asturiano ha hecho referencia a los "silencios", pero también a "las maniobras para no dejar que salga a la luz todo lo que allí había pasado".

   "¿Alguien tenía alguna duda de que no fuesen a estar imputados todos estos personajes?", ha señalado Jové, quien ha añadido que, "ahora la duda es si, a medida que avance la instrucción, el listado de imputados no se vaya incrementando con algunas derivadas políticas".

   Adrián Pumares (Foro) considera evidente que hubo errores al permitirse la continuidad de la actividad empresarial tras el accidente de 2022, en el que también falleció un trabajador y otro resultó herido, y aboga por establecer mecanismos que eviten que la Administración incurra en fallos similares en el futuro.

   No obstante, Pumares considera que lo que falta por determinar "quién sugirió a la empresa que el mecanismo que mejor les encajaba para hacer lo que querían hacer era un proyecto de investigación complementaria".

   "Yo creo que esa es la duda que nos queda a todos porque, bueno, después de ver aquí comparecer a Chus Mirantes, a su esposa y a su hijo, yo creo que nos queda bastante claro que no llegaron a la conclusión de que lo que les convenía era un proyecto de misión complementaria por ellos mismos"