OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Cultura del Principado de Asturias, Herminio Sastre, ha dicho este miércoles que no abrió ninguna investigación sobre los contratos en su departamento tras la detención de su predecesor en el cargo, José Luis Iglesias Riopedre, en el marco de la operación 'Marea' porque entendía que los sistemas de control ya eran "suficientes".
Sastre se ha pronunciado en estos términos en la comisión de investigación del caso 'Marea', la presunta trama ilegal en la contratación pública que afectó a la anterior administración socialista asturiana. Antes de ser consejero, fue viceconsejero de Ciencia y Tecnología en la etapa de Riopedre, en el mismo periodo que la también imputada María Jesús Otero era directora de Planificación del departamento. Sastre ha aclarado que aunque con Riopedre tenía una relación directa, con Otero coincidió "poco, casi nada".
El exdirigente asturiano, a preguntas de los miembros de la comisión, se ha desvinculado de los ceses de Riopedre y Otero, que se produjeron al mismo tiempo que el decreto de reestructuración de la administración regional, cuando él pasó a ser consejero, en agosto de 2010.
Sastre ha explicado que tuvo conocimiento de las detenciones por este caso el 25 de enero de 2011 y que se quedó "sorprendido" al escucharlo a través de la radio. Sin embargo, no vio necesario hacer ningún tipo de investigación en la Consejería de Educación que antes había dirigido Riopedre sobre los contratos menores. "Mantengo que los controles del Principado son suficientes para hacer las cosas correctamente", ha manifestado. Sastre no ve "base" para haber abierto una investigación de ese tipo.
Además, ha dicho que confía mucho en los funcionarios y que al estar el asunto en manos de la Justicia, no era necesario hacer otro proceso. Él se concentró en el funcionamiento de la consejería y del futuro de la educación asturiana.
Incluyendo la época en la que estuvo en la viceconsejería, Sastre ha dicho que él no es experto en cuestiones de contratación. Y que hay "mecanismos" en la ley de contratos. En cualquier caso, y al ser preguntado por la gran cantidad de contratos para las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, cuyos responsables están imputados, ha señalado que él no lo sabía. "Un consejero no debe ocuparse de esas cosas porque los funcionarios lo hacen muy bien", ha manifestado.
Ha explicado a los miembros de la Comisión que la consejería de Educación tiene "particularidades" porque hay más competencias y los directores de los centros tienen libertad también para elegir a quién compran material para su funcionamiento diario. "Cada uno tiene potestad de adquirir contratos menores de funcionamiento en una empresa o en otra", ha señalado. Nunca dijo que sí o que no se contratase a una empresa legalmente establecida, ha explicado.
No obstante, ha dejado claro que los controles existe. Y para probarlo ha dicho que en una ocasión una empresa quiso facturarles por algo que no había realizado. "Pero no lo pagamos, porque esas irregularidades no se pueden permitir", ha apuntado.
