Un informe analiza la situación del Tercer Sector asturiano, que pide más financiación privada y su propia ley

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mesa del Tercer Sector de Asturias ha realizado un estudio sobre el estado del sector en Asturias, junto a un equipo investigador de la Facultad Padre Ossó. Entre las conclusiones, destacan la reivindicación de la creación de una ley del Tercer Sector que les dé categoría de agente social y mayor financiación privada, ya que actualmente el 80% de los fondos que reciben son públicos.

Este estudio ha sido financiado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Fondos Europeos Next Generation EU, y aspira a ser una "herramienta clave" para comprender la realidad actual del sector y orientar su futuro inmediato.

El presidente de la mesa del tercer sector en Asturias, Víctor García, ha explicado que era una demanda de las organizaciones sociales del Principado de Asturias "disponer de un documento de diagnóstico para reflejar el impacto social y económico en la comunidad autónoma".

El Tercer Sector está compuesto en Asturias por 244 organizaciones de acción social. El estudio analiza las debilidades del sector, entre las que destacan la sostenibilidad financiera o la mejora de las relaciones laborales. Para resolver problemas del sector relacionados con la participación social, desde la Mesa abogan por una ley específica que les permita ser un agente social capaz de ejercer como interlocutor válido con las administraciones públicas.

Por último, García Ordás ha reclamado "una ley del tercer sector en el Principado de Asturias" y "ser un agente social, un agente de interlocución válido de cara a las administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como a nivel local".

El investigador principal del estudio, José Antonio Llosa, ha explicado que la mayor fortaleza del Tercer Sector en Asturias es la "tradición extensa" que tiene en la región, con 30 años de historia.

Coincide Llosa en que la inestabilidad financiera es el principal punto en el que se debe actuar. A su juicio, uno de los objetivos sería alcanzar financiación europea y buscar financiadores privados a través de políticas de responsabilidad social corporativa.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales asturiana, Marta del Arco, ha destacado el "gran alcance" que tiene el trabajo de las entidades del Tercer Sector en la región, que llega a 141.000 asturianos. "Este primer estudio nos va a permitir tomar decisiones con relación al sector y con relación a su sostenibilidad, que es algo que vienen demandando", ha afirmado.

"Corresponde ahora ver cómo podemos hacer", ha agregado la consejera, teniendo en cuenta las estrategias que ya se han elaborado, fundamentalmente la de la soledad no deseada y la erradicación de la violencia.

La futura ley del Tercer Sector, ha explicado, "pretende definir la acción social de las entidades del tercer sector" y la creación de estructuras de diálogo con la administración, estructuras que se puedan mantener en el tiempo, mesas de diálogo y comisiones de diálogo, que permitan "tener una comunicación y una coordinación eficaz".