La izquierda rechaza la financiación pública de las medidas de seguridad en autobuses que plantea Vox

   OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión de Movilidad de la Junta General ha rechazado este martes, por diez votos en contra y nueve a favor, una PNL de Vox para establecer estándares mínimos de seguridad en los vehículos de transporte público regional y cofinanciar la adaptación de las flotas, al considerar que estas medidas deben ser asumidas por las empresas concesionarias.

   La iniciativa de Vox, defendida por el diputado Gonzalo Centeno, tiene su origen en el conflicto generado tras el apuñalamiento de un conductor del servicio nocturno 'Búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo el pasado 14 de marzo en Sama.

   Centeno ha recordado las movilizaciones y la huelga que los trabajadores llevaron a cabo para reclamar mejoras en las condiciones de seguridad y ha defendido la necesidad de establecer "estándares obligatorios claros, vinculantes y exigibles a todas las concesiones regionales".

   Ante este escenario, Vox plantea una partida presupuestaria para cofinanciar la adaptación de las flotas actuales, con el objetivo de evitar que el coste recaiga exclusivamente en las empresas concesionarias. Centeno ha defendido que la seguridad debe ser "una condición básica de cualquier servicio público" y ha reclamado medidas que eviten que cada conflicto de estas características tenga que resolverse de forma individual.

LA SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS

   La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha compartido la necesidad de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios y ha respaldado las movilizaciones de los trabajadores, pero ha rechazado la PNL al considerar que no tiene suficientemente en cuenta la responsabilidad de las empresas operadoras.

   En particular, se ha opuesto a destinar fondos públicos a la adaptación de las flotas. Por su parte, la diputada de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes ha anunciado también el voto en contra y ha cuestionado que Vox atribuya el problema fundamentalmente a la Administración.

   Ha defendido que la instalación de las medidas de seguridad corresponde a la empresa concesionaria y ha rechazado que se destinen fondos públicos a actuaciones que considera obligaciones empresariales. Campomanes ha reclamado al Consorcio que supervise el cumplimiento de las condiciones de la concesión y que utilice, si fuera necesario, los mecanismos disponibles para exigir responsabilidades a la empresa.

   El diputado socialista Ángel Ricardo Morales, por su parte, ha rechazado igualmente la iniciativa y ha defendido la actuación del Gobierno del Principado ante el conflicto. Morales ha asegurado que el Ejecutivo autonómico adoptó medidas cautelares y exigió a las empresas concesionarias la implantación de las actuaciones preventivas derivadas de las evaluaciones de riesgos laborales.

   Morales ha señalado que los requisitos de seguridad exigibles ya están recogidos en la normativa vigente y en los contratos concesionales, aunque ha admitido que la experiencia de los servicios nocturnos puede justificar "mayores exigencias de seguridad" desde una perspectiva "proporcionada y técnicamente justificada".

   Respecto a la financiación de nuevas medidas, ha diferenciado entre los elementos de seguridad ya previstos, cuya instalación corresponde a las empresas, y aquellas nuevas exigencias que puedan implicar inversiones adicionales.

   En este último caso, ha señalado que una eventual cofinanciación debería tener reflejo en los Presupuestos Generales del Principado para 2027 y contar con el respaldo de la Junta General.

A FAVOR DE LA INICIATIVA

   El diputado del PP Pedro de Rueda ha anunciado el voto favorable de su grupo. Ha defendido la necesidad de establecer características técnicas claras para las mamparas de seguridad y ha planteado que estos requisitos deberían quedar definidos en los procesos de licitación, de manera que las empresas conozcan las condiciones exigidas antes de concurrir.

   De Rueda ha reclamado además explicaciones sobre la situación del servicio nocturno y ha señalado como principales perjudicados a los usuarios que se quedaron sin el 'Búho' y a los trabajadores encargados de prestar el servicio.

   También el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares, de Foro, ha anunciado su voto favorable. Pumares ha coincidido en que el Gobierno del Principado y el Consorcio de Transportes de Asturias tardaron en reaccionar ante el conflicto y ha defendido que la Administración debe utilizar los mecanismos de los que dispone para exigir a las empresas concesionarias que garanticen la seguridad de los trabajadores.

   Asimismo, ha reclamado que el Consorcio hubiera homologado antes las mamparas necesarias para los vehículos. La proposición fue finalmente rechazada con diez votos en contra y nueve a favor, sin abstenciones.