GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Dos vecinos de Gijón se enfrentan a tres años y ocho meses de prisión, acusados de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores por participar con un tercero que cobraba a inmigrantes, ciudadanos bengalíes, para traerlos a España.
La Fiscalía solicita para ellos una multa de 2.880 euros y a que indemnicen a dos de los perjudicados con 25.000 euros por los daños económicos y morales sufridos, al renunciar el resto a cualquier reclamación. El juicio se celebrará este miércoles en el Juzgado de lo Penal número dos de Gijón, a las 10.30 horas.
Según el relato remitido por el Ministerio Público, la detención de los imputados se produjo a raíz de una investigación llevada a cabo por la Brigada de Extranjería de la Policía Judicial, por la que se averiguó que un ciudadano de Bangladesh, S. A. M., en paradero desconocido, se dedicaba a traer a España a personas de ese país, cobrándoles 15.000 euros.
Para ello, S. A. M. tenía que conseguir contratos de trabajo en España, para lo que contactaba con empresas españolas que pudieran ofertarlos. De esta forma contactó en Asturias con los acusados, J. L. G. F. y J. M. G. S., ambos domiciliados en Gijón, los cuales eran socios y administradores únicos de una empresa del sector de la construcción, domiciliada en Gijón.
La Fiscalía sostiene que, entre el mes de octubre de 2007 y enero de 2008, los acusados solicitaron nueve autorizaciones de residencia y de trabajo para otros tantos ciudadanos de Bangladesh. Los puestos a cubrir eran de albañil caravistero para dos obras que se estaban realizando en San Juan de la Arena y otra en Puerto de Vega.
En este sentido, los acusados prestaron su colaboración esencial para traer a España a nueve trabajadores de origen bengalí, a los que facilitaron un contrato de trabajo y un permiso de residencia entre el 16 de enero de 2009 y el 30 de marzo de ese mismo año.
Estas personas, tras pagar la cantidad de 15.000 euros a S. A. M., en Bangladesh, llegaron a España engañados a través del aeropuerto de Madrid Barajas, y luego en autobús a Gijón, lugar donde permanecieron, los nueve, en un piso en la calle Ezcurdia.
Las víctimas estuvieron allí en penosas condiciones económicas, ya que, además de venir a España engañados porque no llegaron a trabajar nunca, ni en la construcción ni en ninguna otra actividad, tenían que pagar el alquiler de la vivienda y su mantenimiento, además de la deuda contraída con S. A. M. Los trabajadores gozaban sin embargo de libertad ambulatoria. No consta que los acusados hayan recibido dinero de ellos.
