La Ley de Vivienda continúa su tramitación parlamentaria tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad de PP y Vox

   OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Pleno de la Junta General ha aprobado este miércoles proseguir con la tramitación de la Ley de Vivienda del Principado tras rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox en un debate en el que el Gobierno y sus socios han defendido el texto como una norma para garantizar el derecho a la vivienda y la derecha lo ha tachado de intervencionista y contraproducente.

   El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha sostenido que la ley enfrenta "dos modelos antagónicos", uno que sitúa a las personas en el centro y otro que entiende la vivienda como negocio, y ha defendido medidas como la vivienda protegida a perpetuidad, las zonas tensionadas y un registro de fianzas.

   El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha sostenido que el proyecto va "en dirección contraria" a la solución porque reproduce, a su juicio, las políticas intervencionistas fallidas de la ley estatal. Ha asegurado que las zonas tensionadas expulsan oferta del mercado, ponen en riesgo la rentabilidad del alquiler y generan inseguridad jurídica, citando el ejemplo de Cataluña y Barcelona como advertencia.

   Ha criticado que la norma incremente la burocracia, se apoye en múltiples remisiones reglamentarias y cree organismos que considera redundantes o innecesarios. También ha defendido que la ley olvida a la clase media y a la clase trabajadora, y que debería incorporar incentivos fiscales, colaboración público-privada y medidas para aumentar realmente la oferta.

   Vox, en la misma línea que el PP, ha pedido la devolución del proyecto al Gobierno al ser un "copia y pega" de la ley estatal y de modelos como el catalán. El diputado Gonzalo Centeno ha remarcado que el problema de la vivienda es de oferta, no de falta de intervención, y que la regulación, las zonas tensionadas y la sobreprotección del inquilino provocan menos vivienda disponible y más precios.

Ha reclamado más suelo edificable, menos burocracia, menos carga fiscal, seguridad jurídica para los propietarios y combate de la ocupación ilegal. Además, ha insistido en que la mayoría de arrendadores no son grandes especuladores, sino pequeños ahorradores y familias que alquilan una segunda vivienda para complementar ingresos o pensión.

El portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, que ha apoyado las enmiendas a la totalidad, ha señalado que la ley no resuelve la escasez de vivienda porque apuesta casi solo por la intervención. Ha apuntado que incluso aceptando la necesidad de una ley, el texto del Gobierno no es "una buena ley" porque no impulsa bastante la colaboración público-privada ni corrige el problema del alquiler y la compra. "Creo que el suyo es un modelo que está equivocado", ha resumido.

RESPALDO AL PROYECTO

   Por su parte, PSOE, Convocatoria por Asturias-IU y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han respaldado la norma al entender que refuerza la función social de la propiedad y permite intervenir sobre el mercado para frenar la especulación y ampliar las garantías de acceso.

   El diputado socialista José Ramón García ha reducido el debate a la disyuntiva entre protección pública y especulación privada, acusando a Vox de "hacer teoría alejada de la realidad cotidiana de quien gana 1.100 o 1.200 euros y paga 600 de hipoteca". También ha reprochado al PP que, aunque presenta un discurso más elaborado, termina defendiendo un modelo muy parecido, basado en suelo para especular y en rebajas fiscales.

   La portavoz de Convocatoria, Delia Campomanes, ha respaldado sin matices el proyecto del Gobierno y ha dicho que la clave es decidir si la vivienda será un derecho protegido por los poderes públicos o un mercado al que no conviene molestar. Campomanes ha acusado a Vox de "dar un portazo sin propuestas" y al PP de querer presentarse como más técnico, pero defender al final el mismo modelo de mercado.

   Covadonga Tomé ha defendido que la crisis de la vivienda responde a un "capitalismo rentista" y a la financiarización del mercado residencial, no a la población migrante ni a la okupación. Ha argumentado que tras 2008 los fondos de inversión y el modelo Airbnb han convertido la vivienda en una fuente de extracción de rentas, vaciando el mercado de alquiler y encareciendo el acceso.

   También ha rechazado la idea de que proteger al pequeño propietario sea el centro del debate y ha sostenido que el verdadero problema es estructural y afecta a una generación condenada al alquiler permanente.