OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha defendido este jueves en la Junta General el uso "estrictamente excepcional" de la libre designación en la Administración autonómica y ha asegurado que el Gobierno del Principado "respeta y acata" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre siete jefaturas de servicio, aunque ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para "garantizar la legalidad y la seguridad jurídica del modelo".
Llamedo ha explicado en su comparecencia, a petición del PP, que en toda la Administración del Principado existen más de 200 jefaturas de servicio o asimiladas, de las cuales "solo 10 están identificadas como libre designación", lo que, ha afirmado, "confirma el carácter excepcional que prevé la Ley de Empleo Público". En relación con la sentencia del TSJA, ha recordado que afecta a 7 jefaturas de un total de 210, aunque tres de ellas están "cubiertas por concurso desde 2022", por lo que "ni están ocupadas por libre designación ni hubo cambios en sus titulares". "Hablamos realmente de cuatro", ha subrayado.
La vicepresidenta ha insistido en que la sentencia del TSJA "no cuestiona la legalidad del sistema", sino "la motivación formal de algunos expedientes administrativos", y ha situado el recurso ante el Supremo en la necesidad de "una interpretación uniforme de la Ley de Empleo Público" que evite inseguridad jurídica futura.
Llamedo ha rechazado las acusaciones del PP y ha defendido que "no hay designaciones a dedo ni favoritismos, por mucho que el Partido Popular insista". Ha asegurado que todos los procedimientos "son abiertos, públicos, reglados, con requisitos objetivos y con control", y sostiene que el Ejecutivo seguirá "trabajando con rigor y profesionalidad".
En este sentido, ha advertido de que "el debate político tiende a exagerar", pero ha pedido "no distorsionar" un asunto cuya dimensión "es clara en los datos". "No hay un uso abusivo de la libre designación; su aplicación es excepcional y así lo demuestran las cifras", ha insistido durante su comparecencia.
Llamedo ha concluido defendiendo la actuación del Ejecutivo "frente a quienes responden con ruido", afirmando que el Gobierno "responde con datos", y "frente a quienes viven en la confrontación", ha asegurado que el Principado seguirá actuando "con serenidad y responsabilidad". La política de empleo público en Asturias, ha remarcado, "se basa en tres principios: rigor, transparencia y respeto al servicio público".
FALTA DE INFORMES
El diputado regional del PP de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons, ha asegurado que "no hay un solo informe que justifique los siete nombramientos a dedo del PSOE", añadiendo que "no lo dice el PP, lo dice una sentencia".
Ha recordado que el recurso que originó el fallo del TSJA no lo presentó el PP, sino una asociación profesional de funcionarios, Tribuna de Funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, y ha reprochado al Ejecutivo "intentar cargar la responsabilidad sobre la oposición". Cuervas-Mons ha insistido en que la sentencia "no cuestiona la libre designación, sino el mal uso que ha hecho el Principado de un sistema que debe ser extraordinario y plenamente justificado".
El parlamentario 'popular' ha señalado que el TSJA analiza "puesto por puesto" los siete nombramientos y concluye que "todos ellos carecen de un informe que justifique el cambio de procedimiento", lo que, a su juicio, revela una "utilización antijurídica de la ley" y una "concepción patrimonialista e incluso caciquil de la Administración" por parte del Gobierno.
Cuervas-Mons sostiene que el Ejecutivo está intentando "controlar la Administración" y ha criticado que el Gobierno anunciara el recurso al Supremo "sin disponer de un solo informe jurídico que lo avalara". "Reaccionaron al día siguiente de nuestra rueda de prensa, y hoy sabemos que el informe está de esta semana, después de un mes haciéndolo", ha denunciado, acusando al Principado de "ganar tiempo" en lugar de "corregir los errores" y "cumplir la sentencia".
El diputado del PP ha concluido que el Gobierno asturiano "ha hecho el ridículo" y ha anticipado que el recurso "no lo van a ganar". Por último, ha emplazado al Ejecutivo a "dejar de culpar al mundo" y a "motivar adecuadamente" los puestos de libre designación.
A las críticas el PP, se han sumado el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, y la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López. "La sentencia llegó a finales de octubre y el 12 de noviembre ya se anunció que se recurriría. Esto genera dudas sobre la existencia de informes previos que avalasen la decisión. Todo apunta a que se elaboró un informe solo para dar cobertura jurídica a una decisión ya tomada", ha indicado Pumares.
"SISTEMA DE COLOCACIÓN"
López (Vox) ha acusado al Gobierno del Principado de convertir la administración regional en "un sistema de colocación partidista" y ha señalado que las resoluciones judiciales constituyen "un retrato político del gobierno" y actúan como "barrera democrática" frente a lo que ha calificado de intento de "colonizar y controlar todas las instituciones" por parte del PSOE.
"Este gobierno actúa manipulando el sistema, ignorando la ley y colocando a dedo a quienes ellos quieren", ha sostenido la parlamentaria, que ha criticado que los méritos y la capacidad sean sustituidos por "afinidad política y obediencia interna".
La portavoz parlamentaria ha advertido que la práctica del Ejecutivo regional refleja "un modelo de asalto a las instituciones" que, a su juicio, podría asemejarse a prácticas de "organizaciones criminales o mafias", y ha insistido en que la justicia actúa para frenar estas actuaciones y garantizar el Estado de Derecho.
CRÍTICAS A LOS GRUPOS DE LA DERECHA
El portavoz de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, ha insistido en que el recurso que presentará el Gobierno asturiano busca subsanar un defecto de forma y ha criticado que la oposición utilice el asunto "para generar ruido, ensuciar y manipular" la gestión de la administración.
Ha acusado al Partido Popular de "aferrarse a un clavo ardiendo" y de manipular la sentencia, subrayando que recurrir una resolución judicial es "parte del procedimiento normal jurídico". Además, ha cuestionado a Vox por criticar los nombramientos, recordando que este partido "ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas por adjudicar 200 contratos sin publicidad, valorados en 5,68 millones de euros".
Por último, el diputado socialista Ricardo Fernández ha señalado que las críticas de otros partidos forman parte de "un juego político" que no se corresponde con los hechos, asegurando que se ha "sacado completamente de contexto" para generar un panorama negativo sobre la gestión del gobierno. "Se ha utilizado de manera torcida para descalificar absolutamente todo", ha afirmado.