Migoya dice que hay que esperar a conocer la sentencia firme para decidir sobre los 110 operarios afectados por una recl

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, afirmó hoy en la Junta General que mientras que no haya sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia sobre la reclamación de la contratación de 110 operarios de la Administración Pública la administración "no sabe en que situación va a quedar el proceso y por tanto no puede tomar decisión alguna al respecto ni se puede hacer cumplir la moción aprobada sobre este asunto.

Migoya se manifestó así durante la comisión solicitada por el PP para que la consejera explicase todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la moción de junio de 2009 referente a la selección y contratación relativas a 110 plazas de operario de servicios.

La consejera insistió en que a día de hoy esta moción es imposible de llevar a la práctica porque habla de las consecuencias de la reclamación, unas consecuencias que todavía no existen ya que no hay una sentencia.

"Siento mucho que tantas personas estén pasando por una situación tan desagradable por culpa de una persona, pero yo con la ley en la mano no puedo tomar ninguna decisión hasta que haya sentencia firme y cuando la haya veremos que consecuencias hay para el colectivo", dijo Migoya, que afirmó que las personas que han aprobado están trabajando.

Ana Rosa Migoya defendió el papel del Instituto Adolfo Posada y afirmó que actúan con diligencia y acatando las sentencias judiciales y ahora está a la espera de una nueva sentencia. "Es imposible adelantar lo que va a pasar con esos operarios porque no sabemos cual será la decisión de los tribunales y la voluntad del Gobierno es que todo esto se resuelva lo antes posible", dijo Migoya, que añadió que una vez que se conozca la decisión de los tribunales será el momento de hablar de otro tipo de medidas.

La titular de Administraciones Públicas aseguró que comparte la preocupación de los trabajadores y añadió que sabe que "es muy duro para alguien que ha aprobado que por una persona que reclama y que luego no se presenta tenga en duda su puesto de trabajo". "Entiendo y comprendo la intranquilidad pero no podemos sustraernos de cumplir el mandato de las instancias judiciales", dijo Migoya.

COMPLEJO PROCESO

Durante su intervención la consejera trató de explicar paso a paso lo ocurrido con esas 110 plazas objeto de litigio y añadió que este proceso como el resto de procesos selectivos de la administración se hizo con el máximo rigor y seriedad y añadió que los tribunales se designan entre empleados públicos de todas las administraciones que son personas con experiencia en procesos selectivos y con contrastado reconocimiento.

"Este proceso lamentablemente se vio sometido a un recurso de una aspirante que desencadenó toda una serie de circunstancias y sentencias, estamos por tanto ante un intrincado proceso de reclamaciones judiciales", manifestó.

Así explicó que la aspirante planteó una primera reclamación al Instituto Adolfo Posada reclamando que 17 de las 60 preguntas del segundo ejercicio no se ajustaban al temario, pero la reclamación fue rechazada. La aspirante recurrió entonces al Juzgado de Primera Instancia que también lo rechazó. Tras eso recurrió al Tribunal Superior de Justicia que estimó parcialmente su reclamación afirmando que 4 de esas 16 preguntas no se ajustaban al temario.

Fue entonces cuando el TSJA ordenó mediante sentencia repetir el segundo ejercicio al que "paradojicamente la reclamante no se presentó", y que además provocó nuevas reclamaciones de otros aspirantes que hacen que la sala número 5 de lo Contencioso tomase como determinación un auto de nulidad de la propia sentencia de 2006 que obligaba a repetir ese segundo ejercicio.

Por todo ello la Administración se encuentra ahora a la espera de una nueva resolución por parte del Tribunal.

"CONTINUAS CHAPUZAS"

El diputado del PP, Ramón García Cañal, indicó no entender por qué la consejera "se mete en tantos charcos y en tantos problemas cuando todos los grupos están de acuerdo". Así indicó que la Junta le dejó a la consejera las "manos libres" para buscar la solución y sin embargo "no ha hecho nada ni ha dado una solución que no es nada complicada".

Así el PP acusó a la diputada de "cabezonería" ya que aseguran que el juez deja claro que al margen de la sentencia final se puede arbitrar alguna solución.

La también diputada del PP, Ana Barrientos, manifestó en el turno de fijación de posiciones manifestó que todos estos asuntos parten de continuos errores de la Administración, más concretamente del Instituto Adolfo Posada y afirmó que las personas afectadas no tiene porqué cargar con las consecuencias.

Dijo además que hay "continuamente" noticias sobre la función pública y afirmó que la consejería que dirige Migoya está "un día sí y otro también en los periódicos por problemas continuos". "Debería usted cesar a quienes le asesoran y si las decisiones son suyas y no de sus asesores ya sabe lo que debe hacer", dijo Barrientos que acusó a la consejera de llevar a cabo "continuas chapuzas a lo Pepe Gotera y Otilio".

Por su parte la diputada de IU-BA-Verdes, Diana Camafeita, indicó que se debe buscar una solución sin transferir la responsabilidad a los comportamientos individuales de cada uno.

La diputada del PSOE, Servanda García, insistió en la explicación de la consejera y destacó que hasta que no se conozca la resolución judicial firme es "justo que la Administración espere y no tome ninguna decisión".