El juez decidirá sobre las cuestiones previas antes del inicio de las pruebas lo que puede retrasar la declaración de los acusados
OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La esposa del expresidente y senador socialista Vicente Álvarez Areces, Soledad Saavedra, comparecerá como testigo en el juicio del Caso Marea, cuya segunda sesión se ha celebrado este martes en la sección Tercera de la Audiencia.
Ha sido la defensa del empresario Víctor Muñiz (Igrafo) quien este lunes solicitó la declaración como testigo de Saavedra para que explique información que aparece en los documentos presentados por el Principado, en los que se apuntaba que el Instituto Adolfo Posada, que dirigía por entonces Saavedra, gastó 8,8 millones en adquirir muebles entre 2006 y 2009.
La petición no fue rechazada ni por el fiscal ni por las acusaciones particulares, aunque la letrada del Principado, Isabel González Cachero, que está también llamada a declarar como testigo por la defensa de la encausada Marta Renedo, ha considerado "sorpresiva" esta petición y ha considerado que la misma busca politizar el proceso.
"Curiosamente se quiere mezclar aquí a determinadas personas más por la persona que es que por el puesto que ocupaban", ha indicado González Cachero, que ha destacado que "en ningún momento de la instrucción" ha salido ha relucir el Adolfo Posada por ningún sitio.
Tampoco cree la letrada del Principado que el motivo por el que ella tendrá que declarar como testigo llamada por la defensa de Marta Renedo, se ajusta a la realidad. No obstante el presidente del Tribunal, Javier Domínguez Begega, ha indicado que la misma prestará declaración antes que el resto de los testigo e incluso antes que los procesados, si así lo decidiesen las partes.
Begega también ha indicado que "ante la entidad de las cuestiones que se plantean" decidirá sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas antes del inicio de las pruebas, lo que puede retrasar la fecha del inicio de las declaraciones de los acusados, prevista inicialmente para el 13 de abril. "No es seguro, pero es probable", ha indicado el magistrado sobre el retraso de las declaraciones.
Al finalizar esta segunda sesión, los letrados de las defensas de los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (APSA) han valorado la decisión del juez de dictar auto previo con la resolución de las consideraciones previas, ya que al igual que el resto de las defensas, han incidido en reiteradas ocasiones en la nulidad de las intervenciones telefónicas y de los registros domiciliarios de los acusados.
"Cuanto antes se clarifiquen las cuestiones previas mejor", han destacado los letrados. En este sentido la defensa de Alfonso Sánchez, así lo había solicitado en la primera sesión.
Respecto a la declaración de Soledad Saavedra, el letrado de que pidió la misma, Miguel Valdés Hevia, ha negado cualquier acusación de querer politizar el procedimiento. "No es un intento de politizar, el problema es que a la esposa de Areces se la designó para un cargo de gestión en el que se han detectado supuestas irregularidades, con quien esté casa o como haya sido designada no importa, lo que importa era saber donde están las cosas que faltan", ha indicado Valdes Hevia.
FISCALÍA
Por su parte Fiscalía ha rechazado todas las peticiones de nulidad de escuchas y de intervenciones solicitadas por todas las defensas, al considerar que se ajustaban a derecho.
En esta segunda jornada del juicio todas las defensas usaron su turno de consideraciones previas. La jornada se vio interrumpida poco antes de las doce al solicitarlo una de las acusadas, Maria Paz Rodríguez Pendás, por sentirse indispuesta.
Tras esta segunda sesión la vista se retomará, previsiblemente el 13 de abril, día para el que está previsto se inicien los interrogatorios a los acusados, siendo Marta Renedo la primera en declarar.
El Caso Marea es la mayor trama de corrupción en la Administración regional que se haya registrado. Son un total de trece acusados los que se sienten en el banquillo para los que se piden penas que suman los 57 años de cárcel. Entre ellos está el que fuera consejero de Educación del Principado con el Gobierno de Vicente Álvarez Areces, José Luis Iglesias Riopedre y su entonces directora General de Educación, María Jesús Otero.
Acusados de delitos continuados de prevaricación y cohecho se piden diez años de prisión para Riopedre y once para Otero. Por su parte los empresarios se enfrentan a una pena de nueve años de prisión.
