Peláez defiende que la implantación de la Ley de Eficiencia Judicial será progresiva, dialogada y con refuerzo de medios

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha comparecido este lunes a petición propia en la Junta General del Principado de Asturias para informar sobre la implantación en la región de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que establece medidas para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Durante su intervención, Peláez explicó que esta normativa representa "la mayor transformación de la justicia en décadas" y busca actualizar un modelo judicial que, con base en la Ley Orgánica 6/1985, no ha experimentado cambios sustanciales pese a las reformas parciales previas. Destacó que el cambio esencial consiste en la creación de tribunales de instancia colegiados que sustituyen a los juzgados unipersonales, así como la modernización de los 60 juzgados de paz, que se convertirán en oficinas de justicia municipales con mayores competencias gracias a la digitalización.

El consejero resaltó que la reforma apuesta por una justicia más eficiente, especializada, homogénea y flexible, capaz de adaptarse a las necesidades sociales actuales, y que incluye medidas para proteger a la infancia y adolescencia en casos de violencia, así como para fomentar métodos alternativos de resolución de conflictos (MACS) como la mediación.

Peláez detalló que la implantación en Asturias se realizará en fases, iniciándose el 1 de julio con 13 de los 18 partidos judiciales afectados, y que para ello se han creado grupos de trabajo junto al Ministerio de Justicia y otras comunidades autónomas. También se están impartiendo cursos formativos al personal judicial y a profesionales del ámbito jurídico para facilitar la transición.

Además, informó sobre la inversión de 400.000 euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para dotar a las oficinas judiciales de herramientas tecnológicas y confirmó la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales especializadas en violencia sobre la mujer, reforzando los órganos judiciales con 500.000 euros adicionales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El consejero suvrayó los cambios que supone la ley para la atención a los casos de violencia contra las mujeres, ya que el Principado reforzará la atención a las mujeres víctimas de violencia machista con el apoyo a la creación de juzgados especializados. Esta línea de trabajo se plasmará ya en la creación de una segunda plaza de juez en la Sección de Violencia sobre la Mujer del futuro Tribunal de Instancia de Gijón.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP de Asturias, Manuel Cifuentes, se mostró escepticista respecto a los planes del Gobierno autonómico y cuestionó la viabilidad de una reforma sin respaldo presupuestario. Consideró la ley una "ensoñación" y denunció el desfase entre los plazos de implementación y la realidad de infraestructuras: "Cambiar cartelería no resuelve problemas estructurales". También criticó la ausencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el diseño de la norma y vaticinó que el coste del caos recaerá en funcionarios y profesionales: "Una reforma sin apuesta económica es una reforma inviable".

Por su parte, el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, cargó contra la norma por su "voluntarismo ideológico", falta de medios y desconexión con la realidad judicial. Afirmó que la ley responde a una agenda política para debilitar el Poder Judicial y se aprobó "sin consenso, sin presupuesto y sin diálogo". Denunció la dependencia de fondos europeos y advirtió de que la ley será "un paquetazo del Poder Judicial para dificultar su funcionamiento".

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares expresó su respaldo a los objetivos generales de la norma, como avanzar hacia una justicia más ágil y adaptada al siglo XXI. No obstante, advirtió que la ley carece del consenso necesario y denunció el riesgo de recentralización, despersonalización y pérdida de cercanía.

Reclamó una planificación rigurosa, dotación económica creíble y negociación con los trabajadores: "No puede abordarse una reforma judicial de este calado sin conocer previamente cuántos medios tenemos y sin saber qué impacto tendrá en las plantillas".

La portavoz de Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, calificó la ley como una de las reformas más ambiciosas del ordenamiento jurídico en décadas. Defendió su objetivo de transformar la justicia desde la eficiencia organizativa, procesal y digital, pero subrayó que su implantación en Asturias debe tener en cuenta la cohesión territorial: "La justicia no puede convertirse en un privilegio urbano. Necesitamos una visión asturiana de la eficiencia, compatible con la equidad".

La socialista Lidia Fernández respaldó plenamente la norma y defendió que su objetivo es construir una justicia moderna, ágil y útil: "No es un lujo, es un deber", que desde el Ejecutivo autonómico se está realizando con una "implantación rigurosa, dialogada y anticipada", subrayando que no se trata de una mera reforma técnica sino de "un paso decisivo hacia una justicia útil, cercana y moderna".

Por último, el consejero de Hacienda, aclaró que la ley se tramita desde la legislatura pasada, bajo el mandato del entonces ministro Félix Bolaños, y destacó que su comparecencia voluntaria demuestra el interés real del Gobierno asturiano por la justicia.

Peláez aseguró que supondrá "un antes y un después" en el sistema judicial. También destacó que, a pesar de los recortes presupuestarios, "la justicia en Asturias funciona" y es la comunidad con mejor tasa de resolución de casos, gracias al esfuerzo de magistrados, jueces, fiscales, funcionarios y colegios profesionales, así como al apoyo de la Administración en medios materiales y humanos.

Asimismo subrayó el diálogo constante con el Tribunal Superior de Justicia, fiscales, administración de justicia, y colegios profesionales, y reiteró que el Gobierno asturiano.