El PP acusa al Gobierno asturiano de incumplir la contratación mínima de discapacitados que fija la ley

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular asturiano acusó hoy al Gobierno asturiano de incumplir lo fijado por ley en cuanto a la contratación de discapacitados en la Administración, establecido en el 2% de la plantilla, y tendente a un crecimiento del 5%, aprobado por el Parlamento asturiano. Además, criticó que no se realizan inspecciones para comprobar si este 2% se cumple en las empresas privadas.

Así lo señalaron el presidente del PP, Ovidio Sánchez, y las diputadas Inmaculada González y Elma Alonso, durante una rueda de prensa ofrecida para denunciar públicamente esta situación.

Inmaculada González recordó que la ley establece un 2% como mínimo de contratación en la Administración y que posteriormente el Parlamento asturiano aprobó elevar la presencia de minusválidos hasta un 5%. "No se llega ni al 2%", añadiendo recordando que en una interpelación, el director de la Agencia Asturiana de Discapacidad, Javier Antuña, señaló que "estamos ante un 1,7 o un 1,8%", es decir, "estamos a un paso de cumplir la cuota de reserva de la Administración".

"No se cumple la ley, y tampoco el deseo de llegar al 5% en la Junta General", criticó Ovidio Sánchez.

González consideró "gravísima" esta situación. Se refirió también a la situación en la empresa privada, donde entidades con más de 50 trabajadores tienen la obligación de reservar una cuota del 2% de la plantilla para discapacitados, aspecto que denunció que tampoco se cumple. "No se obliga a las empresas a cumplirlo, no se inspecciona", criticó. Recordó además que "cuando una empresa no cumple estos requerimientos se le quitan las subvenciones", señaló

Elma Alonso, por su parte, señaló la situación de "precariedad laboral y el bajo nivel de cualificación" de este colectivo. Así, incidió en la importancia de la "formación". "Hay personas discapacitadas muy preparadas para trabajar en sectores como la informática", señaló. Sin embargo, a su juicio, "los prejuicios de los empleadores y el poco interés de la Administración" perjudican a los discapacitados. Recordó además que las empresas privadas tienen "bonificaciones y ventajas económicas" por contratar a personas con discapacidad.

Consideró por tanto que la "política de discapacidad de Bienestar Social no la lleva nadie" y "es un completo desastre".

Recordó en este sentido "todos los planes que se iban a hacer" en esta materia durante esta legislatura y de los que "no se ha hecho ninguno": plan de accesibilidad, el plan de discapacitados o la ley de servicios sociales, entre otros.