OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular de Asturias ha manifestado este jueves que los problemas actuales del carbón se derivan de "la irresponsable y nefasta gestión que llevaron a cabo durante los últimos años los gobiernos socialistas en España y Asturias, con el silencio cómplice de los sindicatos".
"Sindicatos, partidos de izquierda y empresas privadas de la minería tampoco alzaron su voz después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero dejase sin abonar las ayudas a la producción durante el último trimestre del pasado año", añaden.
Así lo ha manifestado el PP, en un comunicado, tras la reunión que ha mantenido esta tarde la presidente del PP de Asturias, Mercedes Fernández, con los responsables municipales del PP en concejos mineros de la región, durante la que se analizó la política de reformas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los asistentes a la reunión ha expresado su absoluto respaldo a las políticas populares y han coincido en señalar que las medidas impulsadas por el Ejecutivo de España, entre las que se recordaron las reformas laboral y financiera, son imprescindibles para alcanzar el principal objetivo que se ha marcado el PP: volver a crecer económicamente y crear empleo.
Asimismo, los responsables del Partido Popular en las cuencas mineras ha apuntado a los excesos del pasado, a la herencia socialista, como el motivo principal de la situación de extrema gravedad en la que se encuentra nuestro país y el Principado.
CONDENA DE LA VIOLENCIA
En primer lugar, todos los presentes han condenado las acciones violentas desarrolladas en las últimas semanas durante las protestas mineras, y en especial los ataques sufridos por numerosas sedes del PP en Asturias y el acoso a los dirigentes populares en las comarcas mineras.
Con absoluto respeto al derecho de las centrales sindicales a realizar las movilizaciones que consideren oportunas, el Partido Popular insta a que se ponga fin a cualquier acción violenta.
Los representantes del PP en las Cuencas han puesto énfasis en que los fondos que los Presupuestos del Estado destinan a la minería del carbón, cerca de 700 millones de euros, suponen la partida de mayor cuantía del Ministerio de Industria, muy por encima del dinero que reciben sectores con mayor preponderancia en la economía nacional, como el turismo o la automoción, a la vez que se garantizan íntegramente las prejubilaciones.
Han destacado que el descenso de las ayudas en ningún caso provocará el cierre de explotación alguna, y han coincidido en que la minería también debe asumir su parte en las políticas de ajuste, como lo están haciendo el resto de actividades, sectores y colectivos del país.
Por otra parte, Mercedes Fernández ha valorado muy positivamente el anuncio realizado por la presidenta de la empresa estatal minera Hunosa, María Teresa Mallada, quien está trabajando en el diseño de un plan de medidas para garantizar el mantenimiento del cien por cien de los empleos de la sociedad hullera.
También el PP ha acordado reclamar a los sindicatos mineros y a los empresarios del sector que atiendan las reiteradas peticiones del Ministerio de Industria para iniciar cuanto antes las negociaciones para elaborar el nuevo plan de carbón, que permita otorgar las ayudas necesarias para que las explotaciones puedan llevar a cabo su actividad en el periodo 2013-2018.
UN ESFUERZO ADICIONAL
El PP asturiano defiende que "frente al escenario de 'tierra quemada' que han dejado los ejecutivos socialistas en España y Asturias, el Gobierno de Rajoy está promoviendo una serie de reformas que obligan a realizar ajustes en todos los sectores productivos de nuestro país, incluida la minería".
No obstante, el PP insiste en que el programa del carbón es el que menos reducción de recursos sufre en el capítulo del Ministerio de Industria de los Presupuestos del Estado.
Además de estas reformas de contención del gasto, el PP sostiene que la extraordinaria coyuntura económica está exigiendo un esfuerzo adicional que empieza por la racionalización de la Administración pública: reducción de concejales y su sueldo, homogenización de municipios, reducción de entes públicos y disminución de liberados y de las subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.
Asimismo, se están adoptando una serie de medidas temporales con las que se prevé ahorrar en su conjunto 65.000 millones de euros en dos años y medio. "Son medidas difíciles, que a ningún gobernante le gusta tomar, pero que son básicas para salir de la situación en la que estamos", ha manifestado Mercedes Fernández, quien ha citado la suspensión de la segunda paga extraordinaria de este año a los empleados públicos, diputados y senadores; la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y el incremento del IVA, manteniendo el tipo superreducido para productos de primera necesidad.
