Representantes del PP, junto a la A-8 - PP
OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La diputada nacional por Asturias del PP, Esther Llamazares, ha reclamado este lunes al Gobierno de España una intervención "planificada, ambiciosa y acorde con la gravedad del deterioro" que presenta la A-8 en el Occidente asturiano. Ha dicho que la obra anunciada solamente alcanza el 8% del trazado deteriorado.
La parlamentaria, acompañada por los diputados regionales Salvador Méndez, Salomé Sánchez y Pedro de Rueda, además de por alcaldes y representantes del PP en la comarca, ha anunciado la defensa de una batería de iniciativas parlamentarias y municipales para reclamar al Ministerio de Transportes una rehabilitación completa de esta infraestructura esencial.
Los populares consideran insuficiente la actuación recientemente licitada por el Gobierno, que contempla trabajos en un tramo de apenas 6 kilómetros entre Tapia de Casariego y Barres, y además únicamente sobre los carriles derechos de ambas calzadas.
Frente a esta intervención, el PP señala que más de 78 kilómetros de los 135 que conforman el corredor entre Avilés y Ribadeo presentan necesidades de conservación o rehabilitación. Es decir, consideran que la actuación anunciada por el Ministerio alcanza solo alrededor del 7,7% del trazado afectado, mientras más del 92% continúa sin una respuesta concreta.
Esther Llamazares ha advertido de que el deterioro de la A-8 "no puede abordarse con actuaciones aisladas ni con parches", ya que afecta directamente a la seguridad de quienes utilizan diariamente esta vía y condiciona la actividad económica de toda la comarca.
"La A-8 es la columna vertebral del Occidente asturiano y no puede seguir siendo tratada como una infraestructura de segunda", ha señalado. A su juicio, las grietas, deformaciones e irregularidades del firme constituyen un problema de seguridad vial y, al mismo tiempo, generan mayores costes para transportistas y empresas.
La diputada nacional ha incidido especialmente en las consecuencias para sectores estratégicos del Occidente, como la industria, la actividad forestal, el sector agroalimentario, el naval y el turismo, todos ellos dependientes de unas comunicaciones "seguras, eficientes y en condiciones".
El PP recuerda, además, que el déficit de conservación de la red viaria asturiana alcanza los 692 millones de euros, una situación que, a juicio de los populares, evidencia la necesidad de incrementar la inversión y establecer una programación plurianual de rehabilitación.
Los 'populares' también han puesto el foco en la falta de una respuesta global por parte del Ministerio. Aunque reconocen que la actuación entre Tapia y Barres es necesaria, consideran que "no puede presentarse como la solución al problema de la A-8 en el Occidente".
En este sentido, recuerdan que la última gran rehabilitación estructural acreditada en el tramo Tapia-Barres fue impulsada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con una licitación realizada en 2015 y la formalización del contrato en 2016.
Asimismo, apuntan que en 2024 se adjudicó por cerca de 11,8 millones de euros el contrato ordinario de conservación correspondiente al sector O-4, sin que esta inversión haya impedido que determinados tramos de la autovía hayan alcanzado un estado de deterioro que requiere actuaciones extraordinarias.
Ante esta situación, tal como ha avanzado hoy Llamazares en rueda de prensa, el PP pondrá en marcha una estrategia institucional coordinada para reclamar al Gobierno una solución para el conjunto de la A- 8. En el Congreso y el Senado, los populares plantearán que el Ministerio elabore antes de finalizar 2026 un diagnóstico actualizado y completo sobre el estado de la autovía entre Avilés y el límite con Galicia y, a partir de sus conclusiones, apruebe un programa específico de rehabilitación integral, con actuaciones concretas y calendario de ejecución.
La iniciativa reclamará además que se prioricen las intervenciones pendientes en los concejos de Cudillero, Valdés, Navia, Coaña, El Franco, Tapia de Casariego y Castropol, adelantando a 2026 y 2027 las licitaciones que presenten mayor urgencia.
Por su parte, los grupos municipales del PP llevarán también mociones a los ayuntamientos afectados para reclamar que las actuaciones extraordinarias de rehabilitación no sustituyan a las labores ordinarias de conservación, así como que exista financiación específica, un calendario público y coordinación con el Principado y las administraciones locales.
A esta ofensiva se sumará una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno para conocer con detalle las inspecciones realizadas, los certificados emitidos y las reparaciones ejecutadas desde 2024 por la empresa adjudicataria de la conservación del sector O-4.
También se solicitarán explicaciones sobre los criterios técnicos empleados para limitar la actuación actualmente prevista al tramo de Tapia-Barres. "No cuestionamos que se arregle Tapia-Barres; cuestionamos que se pretenda hacer pasar una actuación de 6 kilómetros por una solución para una autovía que tiene más de 78 kilómetros necesitados de intervención", ha reiterado Llamazares, quien también ha insistido en que el Occidente "necesita una respuesta a la altura de la importancia de su principal eje de comunicación" y ha reclamado al Gobierno que deje atrás las actuaciones "fragmentarias".
"Lo que exigimos es muy sencillo: conocer el estado real de la A-8, saber qué hay que hacer, cuánto cuesta y cuándo se va a ejecutar. El Occidente no necesita más anuncios aislados, necesita un plan, presupuesto y obras", ha concluido.