Alcaldes y representantes de los ayuntamientos que han firmado los primeros convenios con el Principado. - EUROPA PRESS
OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Principado y los ayuntamientos de Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva Oscos y Villaviciosa han firmado este viernes los convenios que permitirán su integración en la red autonómica de escuelas infantiles.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha participado en el acto "tras unas vacaciones un tanto extrañas y frustradas", según ha afirmado al inicio de su intervención, en la que ha puesto de relieve que esta red satisface dos objetivos: "facilita la conciliación de la vida laboral y familiar" y, sobre todo, "refuerza la educación pública de Asturias".
El presidente ha recordado que la puesta en marcha de la red autonómica y gratuita de escuelas infantiles era una prioridad desde su llegada al Gobierno del Principado en julio de 2019, y ha resaltado el papel de la anterior consejera de Educación, Lydia Espina, a quien ha atribuido el mérito de articular jurídicamente la red autonómica de escuelas infantiles, logrando amplio consenso parlamentario. Se trata de un proyecto que, según ha añadido, ya reclamaba desde su etapa como alcalde de Laviana.
Además, ha recordado que, a partir de septiembre, el acceso a la universidad será gratuito para quienes inicien estudios superiores, lo que, según ha dicho, convierte a Asturias en la primera comunidad con educación pública desde la etapa Infantil hasta la universidad.
Barbón ha indicado que el modelo se implementará durante esta legislatura en 70 de los 78 concejos asturianos con demanda de escolarización de 0 a 3 años, y ha afirmado que este modelo público está siendo observado y replicado por otras autonomías.
Por su parte, la consejera de Educación, Eva Ledo, ha subrayado que "hoy es un día histórico" para el Principado, los ayuntamientos y la sociedad asturiana, y ha agradecido el esfuerzo de los equipos de educación, empleo público y demás áreas implicadas, así como a su predecesora en el cargo, Lydia Espina, por atender una reivindicación histórica.
Ledo ha recordado que este modelo "no nace de cero", sino que se apoya en la experiencia previa de las escuelas municipales creadas a partir de 2003 bajo el mandato de Vicente Álvarez Areces.
La consejera ha detallado que 22 escuelas pertenecientes a otros tantos ayuntamientos se suman a la red autonómica, sumando 64 unidades con 731 menores matriculados y atendidos por 135 profesionales. Estas se unen a las 16 nuevas escuelas públicas ya abiertas, con 174 niños inscritos.
En cuanto a los próximos pasos, Ledo ha anunciado que el Ejecutivo autonómico trabaja para abrir otras 39 escuelas y sumar otras 54 en 25 concejos en la siguiente fase.
"Nos queda un mes de agosto muy complicado", ha reconocido, en referencia al proceso de integración del personal y servicios de estas escuelas en la estructura del Principado. El objetivo es que el 1 de septiembre estén plenamente operativas bajo la gestión autonómica.
"Nuestro compromiso es que haya una escuelina en cualquier concejo donde exista demanda real de escolarización", ha afirmado, y ha insistido en la necesidad de reducir las listas de espera en las grandes ciudades. También ha subrayado que esta red va más allá de lo estrictamente educativo: "es una herramienta contra el despoblamiento y un recurso clave para facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral".
Finalmente, la presidenta de la Federación Asturiana de Consejos (FACC), Cecilia Pérez, ha afirmado que las escuelas infantiles no son "un recurso más", sino un servicio esencial con un doble valor: por un lado, educativo, al fomentar el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores; y por otro, social y económico, al facilitar la conciliación laboral y personal, especialmente la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
"La aceptación social de estas escuelas ha sido enorme", ha subrayado, destacando que año tras año aumentan las solicitudes, las aulas y el número de plazas. "Eso evidencia la confianza que la ciudadanía tiene depositada en estas escuelas", ha dicho.
No obstante, ha reconocido que, hasta ahora, su gestión desde los ayuntamientos ha supuesto un problema serio, debido a dos factores clave: la inseguridad jurídica, ya que se trata de una competencia educativa que no corresponde a las entidades locales, y el elevado coste económico de mantenerlas abiertas sin una financiación suficiente.
"La situación llegó a parecerse a una bola de nieve, que crecía curso tras curso y amenazaba con arrollarnos", ha afirmado Pérez, recordando que la FACC llevaba más de una década reclamando que el Principado asumiera íntegramente la gestión de estas escuelas como corresponde a una etapa educativa oficial.