El Principado afirma que prioriza a las clases trabajadoras en sus políticas de vivienda

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Vivienda del Principado, Jesús Daniel Sánchez Fernández, ha asegurado este miércoles que garantizar el acceso a una vivienda digna para las clases trabajadoras se ha convertido en una de las principales prioridades del Gobierno de Asturias.

Así lo ha manifestado durante su participación en la mesa redonda Retos y propuestas para el efectivo acceso a la vivienda de los ciudadanos, celebrada en el marco de los Cursos de Verano de La Granda, en Avilés.

Durante su intervención, Sánchez ha repasado las distintas medidas impulsadas por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos desde el inicio de la legislatura. Entre ellas, ha destacado la reciente entrega de promociones de vivienda pública, como la de San Juan de La Arena, así como las distintas convocatorias de ayudas destinadas a la rehabilitación del parque residencial, tanto público como privado, con actuaciones centradas en la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética.

El director general ha puesto el foco en una amplia franja de la población trabajadora con ingresos mensuales de entre 1.000 y 1.800 euros que, pese a tener empleo, encuentra serias dificultades para acceder a una vivienda. Según ha explicado, muchas de estas familias soportan un esfuerzo económico superior al 30 % de sus ingresos para hacer frente al coste de la vivienda, un porcentaje que supera las recomendaciones europeas.

"Estamos diseñando y poniendo en marcha medidas dirigidas específicamente a ese colectivo porque queremos situarlo en el centro de las políticas públicas de vivienda", ha señalado.

En relación con el debate entre alquiler y compra, Sánchez ha defendido que las elevadas rentas del mercado libre dificultan la capacidad de ahorro necesaria para acceder posteriormente a una vivienda en propiedad. A su juicio, disponer de un parque público de alquiler asequible no solo facilita el acceso inmediato a una vivienda digna, sino que también permite a muchas familias generar un ahorro que les abra la puerta a una futura compra. Además, ha reivindicado el valor social de la vivienda pública y ha apostado porque goce del mismo reconocimiento que otros servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación.

Respecto a la regulación de precios, ha destacado los resultados obtenidos en zonas sometidas al índice de referencia del Servicio Público de Vivienda del Principado (Serpavi), como Cimadevilla, La Arena o La Magdalena. Según ha explicado, la aplicación de estas medidas ha contribuido a reducir alquileres que superaban los 1.500 euros mensuales hasta situarlos en torno a los 680 euros, unas cantidades que considera más ajustadas a la realidad salarial de Asturias.

Por otra parte, Sánchez se ha mostrado favorable a incrementar la oferta de vivienda, aunque ha precisado que ese aumento debe orientarse a responder a las necesidades reales de la población. "Construir viviendas de 400.000 euros no resuelve el problema de acceso a la vivienda", ha afirmado. En este sentido, ha defendido que las políticas públicas deben priorizar la creación de vivienda asequible y protegida frente a modelos orientados principalmente a las segundas residencias o a la especulación inmobiliaria.

Asimismo, ha abogado por mantener la protección permanente de las viviendas de protección oficial para evitar que, una vez finalizado el período de protección, pasen a integrarse en mercados de carácter especulativo o turístico. Como ejemplo, ha citado el caso de Ribadesella, donde algunas viviendas protegidas vieron incrementado su precio de venta desde los 70.000 hasta los 200.000 euros tras perder esa condición. "La prioridad debe ser garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía asturiana y, especialmente, de quienes desarrollan aquí su proyecto de vida", ha subrayado.

Por último, el director general ha anunciado avances en las negociaciones que el Gobierno de Asturias mantiene con la patronal CAC-Asprocon en el marco de la concertación social. Según ha explicado, ambas partes trabajan en una nueva convocatoria para fomentar la construcción de vivienda protegida, que contemplará un incremento máximo del 3,7 % sobre el módulo aprobado en 2023 y estará acompañada de ayudas autonómicas destinadas a garantizar la viabilidad técnica y económica de las promociones.