OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana asturiano, Guillermo Martínez, ha mostrado este lunes la aspiración del Gobierno de Asturias de aplicar una política de "bolsillos de cristal", buscando el consenso para sacar adelante el Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
En el marco de las comparecencias informativas acerca del Proyecto, Martínez ha señalado que la norma "supera ampliamente las obligaciones determinadas por la normativa básica de ámbito estatal en materia de publicidad activa".
El proyecto desgranado este lunes en la sede Parlamentaria asturiana se articula en torno a cuatro ejes que pasan por la publicidad activa, el derecho de acceso a la información, el buen gobierno y los mecanismos de garantía para cumplir los objetivos previstos.
En materia de publicidad activa, la norma amplía los sujetos obligados, incluye diez bloques informativos y 124 contenidos de obligada publicación frente a los 3 bloques y 33 epígrafes de la estatal. Además eleva el nivel de exigencia en la obligación de información por parte de las entidades privadas de los fondos públicos que reciben, a partir de un umbral igual o superior a los 30.000 euros anuales, frente a los 100.000 euros de la regulación del Estado.
Incorpora también los contratos menores a partir de 1.500 euros, así como los gastos de representación y protocolarios, las agendas institucionales de los titulares de órganos directivos del sector público y de los órganos de asesoramiento y apoyo.
En materia de buen gobierno, contempla la aprobación de un código ético para los altos cargos y asimilados, habilita un canal ético para denunciar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos y constituye, con carácter reservado, el registro de actividades y el registro de bienes y derechos patrimoniales de altos cargos y asimilados.
La normativa prohíbe, además, las retribuciones adicionales para altos cargos del sector público autonómico en virtud de los nombramientos o designaciones que les correspondan por razón de su puesto, lo que supone que no percibirán dietas por asistencia a reuniones de empresas, fundaciones o entes de cuyos órganos de dirección formen parte.
Para velar por su cumplimiento el Proyecto incluye la creación de las unidades de transparencia en cada consejería y un órgano con rango de dirección general para el seguimiento y evaluación de las políticas en esta materia. Adscritos al Ejecutivo, como organismos autónomos con independencia funcional, se pondrán en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo presidente será propuesto por la Junta General por mayoría de dos tercios y, dentro de éste, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción.
Con todas estas medidas y el resto de las contempladas en el Proyecto de Ley, Martínez ha destacado el objetivo último del Ejecutivo asturiano de "situar a la ciudadanía en el centro de todas las acciones en aras a una gestión de las políticas públicas realmente transparente", para lo que ha pedido la colaboración del resto de grupos parlamentarios. En su opinión, esta normativa "sienta las bases para la construcción de una cultura basada en la ética y en la ejemplaridad de los comportamientos con la que se pretende acercar las instituciones a la sociedad".
LOS GRUPOS, A FAVOR DE QUE SALGA ADELANTE EL TEXTO
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares ha incidido en la necesidad de que esta materia cuente con el consenso y acuerdo de toda la Cámara asturiana y ha afirmado que el proyecto "resiste perfectamente" la comparación con las normas de otras autonomías. Sin embargo, ha incidido en "aspectos mejorables" como la petición de información, el silencio administrativo, la publicidad activa en abierto o la independencia del organismo en relación al Gobierno.
El parlamentario del PP José Agustín Cuervas-Mons, ha llamado a la "reflexión" al Gobierno, ya que Asturias es "de las últimas" comunidades autónomas en tener regulada la transparencia. El diputado 'popular' ha pedido a Martínez "un esfuerzo" para, "en aras del consenso", incluir en a iniciativa propia en el documento aspectos de otras leyes como la propuesta de Podemos de anticorrupción.
La diputada de Ciudadanos Diana Sánchez ha asegurado que su grupo "está por la labor" de que el texto salga adelante y ha anunciado que su formación trabajará en el periodo de enmiendas por mejorar la norma.
Desde el PSOE, el diputado José Marcos Gutiérrez ha señalado que esta Ley "puede marcar un antes y un después en la cultura informativa del sector público asturiano", así como en el devenir de sus instituciones. "Somos conscientes de que la transparencia es un valor esencial y que va inherentemente unida al derecho al saber de los ciudadanos que requieren un mayor grado de participación en las medidas que les afectan", ha señalado.
Por su parte el diputado de Podemos Asturies Daniel Ripa ha criticado que la norma tiene "un punto de hipocresía y propagandismo" por parte del Principado. Ripa ha llamado la atención sobre los "pocos" expertos que el Gobierno ha llevado a la Cámara en esta comisión y porque no hayan pedido un informe a la Sindicatura de Cuentas. Asimismo, ha criticado que la ley "carece" de medios para su aplicación. "Sin administración electrónica no hay transparencia", ha resaltado.
EXPERTOS COINCIDEN EN QUE EL DOCUMENTO ES "MÁS COMPLETO" QUE LOS ANTERIORES
Los expertos que han precedido este lunes en la comisión al consejero han coincidido en que el texto remitido en esta ocasión está "más completo" que los dos anteriores proyectos derivados a la Cámara en los años pasados.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha afirmado que el nuevo documento representa una "mejoría bien evidente" en la técnica legislativa. "Es un texto más maduro y sólido, aunque haya aspectos discutibles en el contenido", ha señalado. En este punto se ha referido a cuestiones como el régimen sancionador, "un tanto opaco". Al margen, ha valorado positivamente la creación del Consejo de Transparencia, órgano independiente que debe ejercer el control sobre el cumplimiento.
Se ha mostrado crítico también en el aspecto de la ley que busca promover la utilización responsable de la información por parte de los ciudadanos. "No deja de sonar a que dudamos de la madurez de nuestros ciudadanos", ha advertido.
