OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ha emplazado este sábado al PP y a Foro a exigir al Gobierno de Mariano Rajoy, así como a Tragsatec, la incorporación a la actual campaña de saneamiento ganadero de los 18 veterinarios afectados por el ERE de la empresa en Asturias.
Álvarez destacó que el Gobierno asturiano "ya ha apremiado a la empresa para que tome las medidas necesarias para contratar a los veterinarios con celeridad, de tal forma que se cumpla el acuerdo político y que la campaña se realice satisfactoriamente".
Según indican desde el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, la titular de Recursos Naturales ha remarcado que Tragsatec "es una empresa pública estatal dependiente de los responsables políticos del PP y, por tanto, del Ejecutivo de Rajoy, que está incumpliendo las rutas previstas en la campaña de saneamiento porque carece de veterinarios suficientes".
"Hay que poner el foco el Gobierno central, en Tragsatec y en los responsables del PP de Asturias, que permanecen callados. Y, por supuesto, en Foro Asturias, que ha dado su apoyo en coalición al PP, y que, estoy segura, va a dar su voto en el Congreso al candidato del PP a la presidencia del próximo Gobierno de la nación", ha subrayado durante su visita a San Juan de la Arena, en Soto del Barco, para asistir a la elaboración del Censo anual 2016 de Aves Acuáticas Invernantes en Asturias.
La responsable de Desarrollo Rural ha expresado su preocupación por el incumplimiento de Tragsatec en la actual campaña de saneamiento ganadero porque "no se está desarrollando de forma adecuada y se están produciendo retrasos en el calendario previsto".
Asimismo, Álvarez ha puesto de manifiesto el otro "grave incumplimiento" de la empresa estatal, en el que ha incurrido "al despedir a 18 veterinarios incluidos en la encomienda de gestión que el Gobierno del Principado hizo a la empresa pública".
"Una de las condiciones que desde 2005 exigimos a Tragsa es que contrate a un grupo de veterinarios como consecuencia del acuerdo político unánime que se firmó en la Junta General del Principado en ese año con todas las fuerzas entonces representadas, PSOE, PP e IU, un acuerdo que hemos respetado siempre y que el Parlamento actual considera que continua siendo válido", ha concluido la consejera.
