El Principado estudia incorporar a su expediente la sentencia que obliga a Aucalsa devolver el dinero a un usuario

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Beatriz González Prieto, ha mostrado este viernes su satisfacción por una sentencia de un juzgado de Primera Instancia de Oviedo que condena a la Autopista Concesionaria Astur-Leonesa (Aucalsa) a devolver a un usuario los 72,50 euros que pagó en peajes durante las obras en la AP-66.

A su juicio, hay un "enorme paralelismo" entre lo que se recoge en este fallo y los motivos que llevaron al Gobierno de Asturias a abrir expediente sancionador contra la concesionaria. Así, el Gobieron estudia incorporar a esa documentación la mencionada sentencia.

Para González Prieto, Aucalsa es "la empresa responsable del servicio", pero "no está cumpliendo con él, salvo para facturar". "Mientras se produce esa merma en las comunicaciones por esta vía, los usuarios pagamos por un servicio que no cumple", ha asegurado.

Además, ha avanzado que los servicios jurídicos de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos -de la que depende la Dirección General de Consumo- ya estudian la incorporación de esta sentencia al expediente sancionador en el que el Ministerio de Transportes ha solicitado personarse.

La viceconsejera ha recordado que la mera existencia del peaje es injusta, que ya sigue en vigor por la decisión del Partido Popular de prorrogar hasta 2050 la concesión. En este sentido, ha reprochado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible persista en este agravio, especialmente ahora, con un servicio mermado.

Igualmente, ha criticado que Transportes se persone en el expediente abierto por el Principado "de la mano de Aucalsa" y que emplee, según ha explicado, los mismos argumentos que rebate la sentencia conocida ahora. "En este tema Asturias está sola", ha lamentado. "Da que pensar qué intereses puede tener el ministerio en apoyar a una gran empresa frente a la ciudadanía", ha añadido.

Aunque ha reconocido que se trata de una sentencia única "que no tiene firmeza para el conjunto, la viceconsejera ha confiado en que la decisión judicial anime a más usuarios a reclamar, de forma individual, o dentro de la campaña que tiene en marcha la Unión de Consumidores de Asturias.

Al mismo tiempo, ha expresado la determinación del Principado para seguir con el expediente sancionador en marcha, con el objetivo de defender los intereses de la mayoría, gracias al trabajo que impulsa la Dirección General de Consumo, un órgano que, según ha señalado, "está muy atinado en sus alegaciones", a tenor del fallo judicial.