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OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha acordado este miércoles remitir esta semana un escrito al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, exigiendo la paralización de las reformas normativas que afectarían a los 60 juzgados de paz que existen en la comunidad.
El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha advertido de que la ley de planta y demarcación judicial pretende concretar la justicia en capitales de provincial, mientras que actualmente en Asturias hay 18 partidos judiciales; y supone "la supresión" de los juzgados de paz, que ofrecen servicios a unos 217.000 asturianos. "A esto se suma a la reforma de ley del registro civil, que acabaría con los juzgados de paz con una intención claramente privatizadora", ha remarcado.
Igualmente, ha criticado la falta de compromiso del Gobierno central con la financiación de justicia gratuita, que afecta a más de 33.000 asturianos. "El Estado iba a compensar a las comunidades", ha recordado, asegurando que la ley de tasas ha encarecido la justicia y actúa como elemento de disuasión para la ciudadanía.
PACTO ENERGÉTICO
En otro orden de cosas, el consejero ha insistido en la pertinencia de la reciente petición del presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, de alcanzar un pacto de Estado en el ámbito energético para garantizar la competitividad de la industria y hacer frente a 'la pobreza energética'.
"Esto no solucionar con parches", ha dicho, haciendo un llamamiento público al ministro de Industria, José Manuel Soria, para favorecer el acuerdo. No obstante, el Principado se reserva el derecho de promover "todas las iniciativas necesarias" para garantizar la viabilidad de la industria asturiana.
Ante la "necesidad" de que el Gobierno de España reconsidere la reforma eléctrica, el Ejecutivo asturiano instará al ministro de Industria a frenar "los aspectos perniciosos" para consumidores e industria.
BUEN GOBIERNO
Además, Guillermo Martínez ha apuntado que el Ejecutivo está ultimando el proyecto de ley de crédito extraordinario y continúa con el proceso de tramitación de la Ley del Buen Gobierno, con un informe de los servicios jurídicos como paso previo al dictamen del Consejo Consultivo.
Respecto a este último asunto, el consejero ha mostrado la coincidencia del Gobierno autonómico con los aspectos fundamentales de la proposición de IU para modificar la Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno en lo relativo a la limitación de mandatos, fórmula de elección del presidente y supresión del artículo sobre la figura de los expresidentes.
"No existen privilegios para los expresidentes y nunca se desarrolló el artículo 20 de la Ley", ha puntualizado, señalando que si la propuesta de IU "consiste en eliminar un artículo sin desarrollar", desde el Gobierno autonómico van a estar "de acuerdo", aunque ha matizado que esos cambios requerirán debate parlamentario.
