El Principado impulsa su Ley de Vivienda para blindar el parque público y limitar la especulación

    OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha presentado este miércoles el anteproyecto de la futura Ley de Vivienda del Principado de Asturias, una norma que, según ha defendido el consejero titular, Ovidio Zapico, "marca un antes y un después" en el tratamiento del derecho a la vivienda en la comunidad y que busca "ordenar jurídicamente" las políticas desarrolladas durante los dos primeros años de legislatura.

   El anteproyecto, que saldrá publicado en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para iniciar su periodo de información pública, permanecerá en exposición durante 20 días hábiles antes de su remisión al Consejo de Gobierno. El objetivo del Ejecutivo autonómico es aprobarla como proyecto de ley en otoño y remitirla a la Junta General para su tramitación parlamentaria.

   La tramitación parlamentaria, ha señalado Zapico, no será rápida y podría durar entre seis y siete meses, pero se buscará "el mayor respaldo posible", en diálogo con "la izquierda, la derecha democrática y los grupos que quieran sumar".

   Actualmente, el parque público de vivienda en Asturias ronda las 9.700 unidades, una cifra que el Ejecutivo prevé ampliar con 600 viviendas en marcha y otras 400 en fase de licitación, con el objetivo de superar las 10.000 al cierre de la legislatura.

El anteproyecto marca un cambio estructural al establecer el carácter vitalicio para toda la vivienda protegida que se construya tras su entrada en vigor, tanto de iniciativa pública como privada. Las viviendas protegidas privadas ya construidas mantendrán su régimen actual hasta que expire su plazo de protección. Tras esa fecha, podrán pasar al mercado libre, salvo que se hayan construido bajo la nueva normativa, en cuyo caso conservarán siempre su condición protegida.

   En este contexto, el anteproyecto plantea la prohibición expresa de vender vivienda pública, con el fin de evitar una nueva descapitalización. "Desde que Asturias asumió las competencias en vivienda se han perdido más de 23.000 viviendas públicas; eso ha generado serios problemas de acceso para la ciudadanía", ha recordado el consejero.

   La norma también incluye la creación del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, un instrumento estructural y permanente que ordenará el acceso, gestión y control de la vivienda protegida. Este sistema, ha dicho, permitirá "blindar" el parque público y establecer un régimen de vinculación vitalicia para las nuevas viviendas protegidas, sean públicas o privadas.

   En el caso de las viviendas protegidas ya existentes, ha señalado que se prevé una revisión de su calificación, pero ha aclarado que la nueva ley no tendrá efectos retroactivos: "Las viviendas construidas antes de la entrada en vigor mantendrán su régimen actual; si alguien quiere vender una vivienda protegida que ya posee, podrá hacerlo dentro de los límites de su calificación".

   Además se incluyen otras cuestiones como un régimen sancionador, que dotará a la Administración de capacidad para actuar en caso de incumplimiento, y mecanismos de coordinación interadministrativa, tanto en materia urbanística como en la protección del patrimonio cultural. "No podemos entender la vivienda como un elemento aislado", ha subrayado.

En cuanto a las sanciones, se reforzará la labor inspectora para evitar fraudes como el uso turístico o como segunda residencia, con multas que pueden alcanzar los 60.000 euros.

   Zapico ha definido la norma como "necesaria" para responder a uno de los "principales problemas" de la ciudadanía, y ha reivindicado que se trata de una ley "con identidad asturiana", no una adaptación de textos de otras comunidades. "Queremos que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho a una vivienda digna, se haga realidad en nuestra comunidad", ha dicho

SIN COSTE ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN

   Durante la presentación, el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, ha recalcado que las nuevas figuras incluidas en la ley no supondrán un coste adicional para la Administración autonómica, ya que se aprovecharán plazas existentes en la relación de puestos de trabajo actual. De hecho, ha confirmado que los dos inspectores previstos están ya incluidos en la última RPT (relación de puestos de trabajo) y que la jefatura de inspección recaerá sobre el actual jefe de servicio de régimen legal de vivienda.

   Sánchez ha definido las principales señas de identidad de la norma: convertir el derecho a la vivienda en una realidad tangible, reforzar el papel del sector público y proteger el acceso a la vivienda desde una lógica "social, sostenible, integradora y garantista". "La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía más; es un derecho básico", ha defendido.