El Principado ordena retirar en apenas seis meses más de cien anuncios de pisos turísticos en plataformas digitales

OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha solicitado retirar 118 anuncios ilegales de viviendas turísticas en las principales plataformas digitales en los últimos seis meses. Según ha informado el Ejecutivo autonómico, estas ofertas incumplían la normativa autonómica, bien porque no incluían el número de licencia de los alojamientos, por no recoger el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado (REAT) o por no haber presentado la obligatoria declaración responsable.

Los requerimientos se han dirigido a los portales con mayor implantación en el sector, entre ellos Airbnb (106 anuncios) y Booking (12).

"Estamos actuando con decisión para garantizar una oferta turística legal, segura y compatible con el derecho a la vivienda y la calidad de vida de las personas", ha destacado la vicepresidenta de Asturias y consejera de Turismo, Gimena Llamedo.

Estas medidas se aplican en virtud de la Ley del Principado de Asturias 6/2024, de 13 de noviembre, que modificó la ley de turismo vigente desde 2002. Esta reforma incorpora una obligación clave para reforzar el control sobre la oferta turística: la inclusión del número de inscripción en el REAT en la publicidad de los alojamientos turísticos en plataformas digitales.

Esta exigencia, recogida en el artículo 23.M de la norma, exige que los propietarios muestren ese código en los anuncios. En caso de incumplimiento, el Principado puede requerir su retirada y, si no se produce, sancionar tanto al anunciante como a la plataforma, según establece el artículo 71 de la ley, que califica de infracción grave tanto la falta de presentación de la declaración responsable como el mantenimiento de ofertas ilegales tras requerimiento administrativo.

Según el Gobierno, la nueva normativa y la puesta en marcha del servicio de inspección turística permiten al gobierno actuar con mayor eficacia para proteger al sector y a la ciudadanía.

El objetivo, añaden, es garantizar igualdad de condiciones para quien opera de forma legal, proteger a las personas usuarias y preservar la convivencia en los destinos turísticos, especialmente en zonas tensionadas por la presión de los alojamientos ilegales.

"Regular bien es proteger lo que somos: un destino de calidad y un territorio que merece ser disfrutado con responsabilidad", ha subrayado la vicepresidenta.