El Principado reitera que el permiso a Blue Solving en Cerredo se ajustó a la legalidad

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, el 31 de marzo
Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, el 31 de marzo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo
Publicado: sábado, 17 mayo 2025 12:29

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha reiterado que el permiso que se le concedió a Blue Solving, la empresa que trabajaba en la mina de Cerredo (Degaña) donde murieron cinco operarios el 31 de marzo, se ajustó a la legalidad.

Así lo señala en una respuesta parlamentaria al secretario general de Foro Asturias y diputado regional, Adrián Pumares, en relación con los permisos otorgados a la compañía para labores de investigación en una mina donde anteriormente ya se había producido otro importante accidente laboral.

El Ejecutivo autonómico sostiene que la concesión del permiso de investigación complementaria se realizó conforme a la legalidad vigente y atribuye a un "problema sobrevenido con la migración de cuentas de correo electrónico" el hecho de que una denuncia ciudadana sobre posibles trabajos irregulares no fuera atendida inicialmente.

Según la información facilitada por el Gobierno asturiano con fecha de 13 de mayo de 2025, Blue Solving S.L. solicitó el permiso de investigación complementaria el 5 de junio de 2024, siéndole concedido el 8 de julio del mismo año. Para ello, la empresa presentó la documentación requerida por la Ley de Minas, el Reglamento General para el Régimen de la Minería y el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

El Ejecutivo explica que "tras la solicitud se analiza la documentación aportada y se emite un informe técnico, previo a la resolución".

Consultado sobre la experiencia previa de Blue Solving S.L. en labores de investigación, el Gobierno señala: "No nos consta, pero desde la Dirección General se valoró la documentation presentada de acuerdo con la norma que la regula".

Además, aclara que los proyectos aprobados bajo normativa minera "no están sujetos a información pública, con la excepción del Proyecto General de Explotación de una nueva unidad productiva".

Respecto a las reuniones mantenidas por la exconsejera y entonces Directora General de Energía y Minería, Belarmina Díaz, un represenante de Blue Solving, el Principado afirma que no le consta la existencia de órdenes del día en dichas reuniones.

Sobre el accidente mortal ocurrido el 25 de agosto de 2022 en la misma mina, donde falleció un trabajador, el Gobierno justifica su no personación en la causa alegando que "la personación requiere motivar que la Administración del Principado de Asturias haya sufrido un daño directo, por tanto, personarse es la excepción".

En cuanto al correo electrónico enviado por un denunciante el 16 de octubre de 2023 al Servicio de Atención Ciudadana (SAC), alertando sobre posibles trabajos irregulares en la mina y que fue remitido a la entonces dirección general de Energía, Minería y Reactivación, el Gobierno asegura que "los funcionarios del Principado de Asturias atienden sus tareas diariamente". Atribuye el problema a la migración de cuentas de correo: "El informe de la inspección de servicios probablemente arroje luz sobre el problema sobrevenido con la migración de cuentas de correo electrónico y con lo que ocurrió con esa cuenta apoderada".

MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN

El Ejecutivo niega que haya funcionarios con correos sin revisar desde 2023 y afirma que, tras la nueva distribución competencial, se están redimensionando el número de cuentas apoderadas. Asegura que no le consta ninguna otra denuncia al SAC sin tramitar adecuadamente.

Sobre posibles medidas disciplinarias por este "error", el Gobierno, en la respuesta de Borja Sánchez consultada por Europa Press, indica que "lo conveniente es esperar al informe de la inspección de servicios".

Finalmente, ante la pregunta sobre la ausencia de inspecciones en un periodo de seis meses en una mina con un accidente mortal previo y donde operan empresas sancionadas por sacar carbón sin permiso, el Gobierno se limita a señalar que "las infracciones encontradas dieron, en su día, lugar a los expedientes sancionadores correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente".

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