OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del Principado de Asturias ha indicado este sábado que las tres principales partidas de gasto de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, las relativas a dependencia, salario social y planes concertados, presentaban un grado de ejecución del 84,51 por ciento a 30 de septiembre.
El presupuesto inicial destinado a la Ley de Dependencia, que incluye los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y prestaciones a personas dependientes, ascendía a 51.524.196,06 euros. De esta cantidad, se ha ejecutado el 70,89% y se han realizado pagos a los beneficiarios y a los ayuntamientos por importe de 32.189.293,50 euros, es decir, el 62,47% del presupuesto inicial, según señala el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
La partida destinada al salario social básico contaba con un crédito inicial de 45 millones y se ha ejecutado en su totalidad. El 90,90% ha sido abonado a los perceptores en nómina, una cantidad que asciende a 40.906.739,17 euros. En este apartado está previsto realizar una ampliación de presupuesto de 14 millones de euros, incluidos en el proyecto de la ley de endeudamiento.
Asimismo, en los planes concertados que suscribe el Principado con los ayuntamientos para financiar los servicios sociales básicos que prestan las entidades locales, la Administración asturiana destinó 26.712.105 euros y la ejecución presupuestaria de esta partida alcanza el 100%. "Los pagos realizados suponen un 48,84%, concretamente 13.046.650,50 euros", ha añadido el Gobierno regional.
En este sentido, desde el Principado apuntan que el pago a los ayuntamientos se lleva a cabo en dos plazos. El primero se realizó el pasado 13 de agosto, cuando se abonó el 50% del convenio. "El segundo se está tramitando en estos momentos y se concretará en las próximas semanas, de acuerdo con lo estipulado en el convenio firmado por la consejería y las entidades locales", han dicho.
Además, la partida de planes concertados se ampliará en 1,5 millones de euros para aumentar la financiación que reciben los ayuntamientos, de modo que puedan sufragar los gastos derivados del incremento de peticiones para las ayudas de emergencia. Esta ampliación de crédito también se ha incluido en la ley de endeudamiento.