PSOE e IU apuestan en sus propuestas de resolución por combatir el odio e impulsar políticas de vivienda

   OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La diputada de IU-Convocatoria por Asturies Delia Campomanes ha defendido las propuestas de resolución que su grupo ha acordado con el PSOE asturiano, centradas en la consolidación de derechos, el rechazo a los discursos de odio y el impulso de políticas de vivienda.

   En su intervención en último Debate de Orientación Política General de la legislatura, Campomanes ha defendido propuestas encaminadas a reforzar las políticas públicas de respeto a la diversidad y valores democráticas, combatir la normalización y difusión de discursos de odio, o fortalecer la protección a las personas afectadas, además de promover la integración y la igualdad de oportunidades para la población inmigrante.

   Todo ello, ha explicado, ante una realidad en la que "se cuestiona la propia idea de justicia social, se caricaturiza la solidaridad, se señala a colectivos vulnerables, se difunden bulos para generar miedo al diferente y se pretende además convencernos de que los derechos de unos son privilegios que perjudican a otros".

   Campomanes ha explicado que sus propuestas hablan de "combatir esos discursos de odio y de acompañar a quienes sufren agresiones". "Hablamos de garantizar una acogida digna a los menores migrantes no acompañados", ha subrayado.

LA VIVIENDA "NO PUEDE SER ÚNICAMENTE UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO"

   En materia de vivienda, PSOE e IU han presentado propuestas para garantizar el acceso a la vivienda bajo la premisa de que "una vivienda no puede ser únicamente una oportunidad de negocio". "Sin vivienda no hay emancipación, no hay estabilidad familiar, no hay proyecto vital y muchas veces tampoco hay libertad", ha argumentado.

   Para dar solución a la crisis habitacional, las dos formaciones que sustentan el Gobierno asturiano defienden incrementar el parque público hasta alcanzar las 15.000 viviendas en el horizonte de 15 años; incrementar las ayudas al alquiler para alcanzar las 10.000 familias; seguir declarando zonas tensionadas; y culminar y suscribir antes del 31 de diciembre un pacto social por el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible.

   "Cuando precio de la vivienda se dispara y las familias tienen cada vez más dificultades para acceder a ella, los poderes públicos no se pueden limitar a observar", ha defendido, calificando de "escándalo" que "la especulación y la búsqueda de rentabilidad cada vez mayores se hayan normalizado tanto en torno a algo tan básico como en el lugar en el que vivimos".

   "No podemos consentir alquileres abusivos, no podemos normalizar que se troceen pisos para multiplicar beneficios alquilando habitaciones y no podemos contemplar impasibles cómo de ser desahucia a personas de sus hogares para seguir engordando los beneficios de grandes propietarios y de fondos de inversión", ha aseverado, recordando el reciente desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. "Lo que ha ocurrido con Maricarmen debería interpelarnos a todos y a todas", ha subrayado.