El sindicato Acaip-UGT reclama medidas para impedir la introducción de teléfonos móviles en la cárcel

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip)-UGT ha emitido una nota de prensa en la que reclama a la Administración una respuesta "firme, moderna y eficaz" para hacer frente a la "amenaza constante" de la introducción de móviles en el Centro Penitenciario de Asturias.

"La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica", han señalado.

Según ha informado Acaip-UGT, entre los años 2020 y 2024 han sido incautados en la prisión asturiana un total de 470 teléfonos móviles, dispositivos que están prohibidos porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles.

"Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno", señalan.

Pero además, desde Acaip-UGT alertan de que en los últimos tiempos se está recurriendo a los drones para introducir los dispositivos. Explican que la capacidad de los drones de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos aparatos vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros.

Frente a este panorama, consideran "urgente" una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad, dado que los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado "obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones".

Argumentan desde Acaip-UGT que los teléfonos móviles pueden ser utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. "El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia", han explicado.