La Sindicatura de Cuentas detecta varios incumplimientos en la gestión del SEPA de 2018

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas ha detectado varios incumplimientos en disposiciones legales y reglamentarias en la gestión del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Así consta en un reciente informe del órgano fiscalizador asturiano relativo a la gestión del SEPA en el año 2018. Entre los incumplimientos, el informe refiere que los ingresos recibidos por el SEPA en concepto de contribución especial para el establecimiento, la mejora y la ampliación de los servicios de prevención y extinción forman parte del global de los ingresos, sin que se determine su destino, lo que "contraviene la Ley de Haciendas Locales, de aplicación en este caso". El importe total recaudado por este concepto en el ejercicio 2018 ascendió a 2.232.428 euros.

Advierte además la Sindicatura que no quedan suficientemente acreditadas las razones que justifican que el personal del SEPA realice horas extraordinarias para necesidades que no son consideradas de fuerza mayor en una jornada distinta a la prevista en los convenios colectivos que el SEPA estaba aplicando durante el periodo fiscalizado.

Durante el ejercicio fiscalizado, prosigue el informe, al personal laboral del SEPA se le continuaba aplicando los convenios colectivos de las extintas entidades 112 Asturias y Bomberos del Principado de Asturias, que se han venido prorrogando hasta la actualidad, ya que no se ha alcanzado un acuerdo para suscribir un convenio colectivo propio del SEPA.

Además, el convenio de personal de Bomberos de Asturias perdió su vigencia en julio de 2013, tras haber sido denunciado. "Este incumplimiento genera, además, una incertidumbre por los posibles efectos que podrían derivarse de un hipotético resultado judicial desfavorable, en el supuesto de que se impugnasen esos convenios", establece el informe.

Otro de los incumplimientos detectados por la Sindicatura es el relativo a la financiación de los convenios de colaboración suscritos en 2018 con los ayuntamientos costeros para el desarrollo del Plan de Salvamento y Rescate, que se articuló mediante subvenciones nominativas prorrogadas del presupuesto de 2017.

"Esto contraviene la legislación sobre régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, ya que la habilitación legal para la concesión directa de las subvenciones nominativas amparada en la ley anual de presupuestos se agota en el ejercicio presupuestario para el que fueron aprobados, por lo que no cabe legalmente su prórroga", indican. El importe otorgado fue de 345.000 euros.

El órgano fiscalizador asturiano aprecia además una "insuficiente justificación" de la necesidad de contratar el servicio de vigilancia y extinción. Aprecian una "deficiente descripción" de las prestaciones que constituyen o integran su objeto, por lo que no se da estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

CONTRATACIÓN EXTERNA

Por último, la Sindicatura explica que el SEPA ha acudido a la contratación externa del servicio de vigilancia y extinción de incendios sin que hayan dictado las instrucciones preceptivas establecidas decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en aras de garantizar la correcta ejecución del servicio y clarificar la relación entre el organismo y el personal de la empresa contratadas.

"Como consecuencia de esos incumplimientos, esto es, las imprecisiones en la descripción de las tareas que tiene que realizar la empresa contratista, junto con la ausencia de medidas adecuadas y suficientes para evitar actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral con el trabajador y, todo ello, unido a una inadecuada separación entre la relación jurídica que une a la administración, al contratista y sus trabajadores, podría suponer al organismo un riesgo de cesión ilegal de trabajadores", alertan desde la Sindicatura.