Publicado 23/12/2021 09:47CET

La Sindicatura recomienda al Principado valorar alternativas al contrato de emergencia en crisis prolongadas

Archivo - Roberto Fernández Llera
Archivo - Roberto Fernández Llera - EUROPA PRESS - Archivo

El órgano fiscalizador aprueba el informe de la Cuenta General del 2020 con opinión financiera y de cumplimiento con salvedades

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha aprobado el informe de la Cuenta General del Principado de Asturias, relativo al ejercicio 2020 con "opinión financiera y de cumplimiento con salvedades". En dicho informe, el órgano de control externo recomienda a la administración autonómica valorar alternativas al contrato de emergencia en situaciones de crisis prolongadas.

Según indica la Sindicatura en nota de prensa, este trabajo analiza las cuentas de la Administración del Principado de Asturias, de sus organismos autónomos y de los consorcios adscritos. Además, la Sindicatura de Cuentas se fijó varios objetivos específicos sobre las modificaciones presupuestarias derivadas de la COVID-19 y, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, se fiscalizaron los contratos de emergencia.

En concreto, señala que "del total de expedientes de modificación presupuestaria tramitados en la Administración del Principado de Asturias en 2020, un 20,44 por ciento fue por la situación de emergencia por la COVID-19". "Su importe ascendió a 172,36 millones de euros, lo que supone el 91,48 por ciento del total de las modificaciones presupuestarias del ejercicio. La fuente de financiación fue, en su totalidad, la Administración General del Estado", apunta.

Durante los trabajos también se constataron "varios incumplimientos legales no generalizados" que dan lugar a la opinión de cumplimiento con salvedades, entre ellos que las cuentas del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) se rinden formando parte de la cuenta general, lo que contraviene el Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; y que en los dos expedientes de modificaciones de crédito analizados, tramitados por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), no está suficientemente motivado el requisito de que los gastos sean inaplazables.

Igualmente, se observa que "a fecha de finalización de los trabajos de fiscalización (15 de octubre de 2021), tres de las veintiséis entidades con obligación de remitir información a la Sindicatura de Cuentas en materia de contratación -Centro Regional de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos- no han informado sobre los contratos formalizados/adjudicados en el ejercicio". Por su parte, la Consejería de Educación no incluyó entre la documentación aportada la relación de todos los contratos que constan en la certificación.

De las veintitrés entidades que han cumplido con la obligación, quince hicieron en el plazo legalmente establecido y ocho -siete consejerías y el ERA-, fuera.

Por otro lado, dos consejerías, Cogersa, y Proygrasa no incluyeron en la relación anual de contratos la información relativa a la contratación menor adjudicada. El incumplimiento del envío de las relaciones anuales de contratos o su envío incompleto contraviene lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, además de suponer un límite al análisis de objetivos concretos y a la formulación de consideraciones generales.

El Principado de Asturias comunicó 524 contratos de emergencia derivados de la gestión de la crisis de la COVID-19 --148 de la Administración del Principado de Asturias y 376 de organismos autónomos--. La Sindicatura de Cuentas analizó una muestra de 166 contratos y, durante los trabajos, se detectaron algunos incumplimientos.

Así, en 37 no se establece el plazo determinado de ejecución; en dos, el inicio de la ejecución de la prestación tuvo lugar en un plazo superior a un mes, y, en siete, no consta entre la documentación remitida el acta de recepción del contrato ni cualquier otro informe acreditativo de la adecuada realización de la prestación contratada.

Además, en 14 de los contratos fiscalizados las actas de recepción se emiten fuera del plazo establecido en la ley y, en seis, no se considera adecuada la tramitación por el procedimiento de emergencia, atendiendo a su carácter excepcional y a los restrictivos requisitos exigidos para su utilización.

Del mismo modo, advierte de que "no se han llevado a cabo las auditorías de cuentas anuales de los consorcios adscritos al Principado de Asturias, responsabilidad de la Intervención General del Principado de Asturias, ni constan incluidas en el correspondiente Plan Anual de Auditorías, lo que incumple la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público".

La Sindicatura de Cuentas también incluye un párrafo de énfasis en la fiscalización de cumplimiento. Por un lado, explica que la contratación de emergencia tiene como finalidad la satisfacción de una necesidad administrativa en el menor tiempo posible. Sin embargo, se ha advertido que, en algunos contratos, el plazo de ejecución finalizó el 31 de diciembre de 2020, independientemente de su fecha de inicio. Además, la Sindicatura constata que ninguna de las consejerías realizó los informes de auditoría de cumplimiento de las subvenciones nominativas concedidas en 2020, pese a estar incluidas en el Plan Anual de Auditorías.

RECOMENDACIONES

La Sindicatura de Cuentas plantea cuatro recomendaciones para el ejercicio 2020 para mejorar el control interno, proponiendo que "se habilitara una función en el sistema de información contable Asturcón XXI que permita obtener la información del histórico de los expedientes de modificaciones de crédito del programa cuando existen reorganizaciones administrativas y ajustada en todo momento a la clasificación orgánica".

También señala como recomendable que, en el caso de situaciones de emergencia que se prolonguen en el tiempo, el órgano de contratación, en la medida en que resulte posible, "valore implementar cauces menos excepcionales que la contratación de emergencia, tales como la tramitación de urgencia o el procedimiento negociado sin publicidad por razón de urgencia, lo que permitiría optimizar el equilibrio entre la preservación del interés público y los principios y garantías inherentes a la contratación administrativa".

Para mejorar la seguridad jurídica, "sería recomendable que las contrataciones de emergencia se canalizasen a través de una resolución administrativa expresa del órgano de contratación, previa a la ejecución, en la que además de justificar la utilización de este instrumento excepcional, se expresasen los elementos esenciales del contrato como su objeto, precio o plazo de ejecución", añade.

Y finalmente, con el objeto de facilitar el control del cumplimiento del plazo de ejecución, ve recomendable "incorporar en el expediente un acta de inicio de las actuaciones".