OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El sindicato educativo Suatea ha criticado este martes la "arbitrariedad y la ausencia de respeto por las normas que la propia Administración" en el proceso de Evaluación Docente.
Asimismo, ha indicado en que entre los apuntados a la Carrera Profesional destacan el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, y el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín.
"El día 6 de mayo se publicó en el BOPA la lista de admitidos al proceso de evaluación docente derivado de la puesta en marcha de la ley de Evaluación. El análisis detallado de dicha lista revela que la arbitrariedad y la ausencia de respeto por las normas siguen siendo la marca distintiva del proceso", remarca el sindicato.
Suatea incide en que de un total de 8.800 profesores que tendrían derecho a "adherirse" a la evaluación según la Administración, la lista de admitidos sería de 8.090. "Habría, por tanto un 90% de adhesiones y un 10% de profesores que pudiendo adherirse, no lo hicieron", dice remarcando que "la realidad es un poco más complicada ya que en esa cifra se incluye aproximadamente un millar de personas que no cumplen los requisitos legales establecidos por la propia Administración".
De este modo, afirma que hay "608 admitidos que no tienen los 5 años de antigüedad requeridos por la norma legal, y también 236 admitidos que no cumplen el requisito de ser funcionarios de carrera en el momento de entrada en vigor de la norma legal".
Además, señala que hay "107 admitidos que pertenecen, no a la Administración educativa, si no a la RPT de Administraciones Públicas". "Este millar aproximado de personas supone 2 millones de euros anuales pagados ilegalmente", advierte.
Igualmente, apunta que "existen también 1.250 personas que venían cobrando la evaluación-carrera profesional desde el 2007 y que en la actualidad están jubilados sin haber sido evaluados". "Estamos hablando de 2 millones y medio de euros anuales pagados sin que se haya realizado evaluación alguna", lamenta.
Asimismo, desde Suatea se critica "la necesidad de legalizar mediante este proceso los pagos efectuados durante cuatro año sin cobertura legal y que afectan a personas que ahora están en situaciones muy variadas que no cubre la norma. El ejemplo más característico sería el de cargos políticos".
Al respecto, el sindicato indica que están apuntados a la Carrera Profesional Graciano Torre González; Antonio Trevín Lombán; Soledad Saavedra Alonso; Faustino Álvarez Fonseca; Beatriz Vigil Gomez; Inmaculada González Gómez; Ramón Canal Tirador; Alfredo García Álvarez; Eustaquio Revilla Villegas; Manuel Ángel Riego González; y Román Antonio Álvarez González.
Igualmente, señala entre los admitidos en 2007 al ex consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Rioedre, y la directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, María Jesús Otero.
"Creemos que los hechos hablan por sí solos: clientelismo ejercido a costa del erario público y una colección de cargos cuyas actividades llevan décadas alejadas de la educación, que se apuntan a cobrar un incentivo en concepto de evaluación docente y a quienes la Administración educativa facilita y admite la adhesión", remarcan desde Suatea.
Por eso, el sindicato anuncia que llevará "estas actuaciones a los tribunales de justicia convencidos de su absoluta ilegalidad", y reitera su exigencia de "reparto lineal a todo el profesorado del dinero destinado a la evaluación docente en el camino de la homologación retributiva con el profesorado del resto de CCAA".