Suatea reprocha al Principado y FETE-UGT la implantación de una carrera profesional que resultó "nefasta"

Actualizado: martes, 16 junio 2009 21:47

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Suatea, uno de los sindicatos que presentaron recurso contra la resolución que autorizaba la implantación de la carrera profesional en la Administración autonómica, reprochó hoy al Gobierno asturiano y al sindicato FETE-UGT que llegase a un acuerdo que "resultó nefasto" para el profesorado.

En un comunicado, Suatea recordó que en el origen de esta situación estaban las exigencias de los sindicatos docentes en torno a la homologación retributiva con el profesorado del resto de CCAA que Suatea cifraba, en el año 2006, en 300 euros lineales al mes.

El sindicato lamentó que haya sido "la actuación unilateral de la Administración y FETE-UGT la que intentó "desactivar aquellas exigencias mediante la implantación de la carrera profesional que se sabía que iba a ser nefasta para el profesorado" y recordó lo ocurrido este curso con el plan de evaluación docente "que llevó a miles de profesores a la huelga".

Ante la resolución del TSJA, Suatea se ha comprometido a buscar soluciones que signifiquen mejoras de las condiciones laborales y salariales del profesorado "sin contrapartidas y sin aceptar nuevos cheque en blanco". A raíz de esta sentencia, considera, no obstante, "deslegitimada" la actuación del ejecutivo asturiano y de la que es portavoz y responsable de administraciones públicas, Ana Rosa Migoya, quien para el sindicato "debe dimitir".

POSTURA DE UNA:

Por su parte, Unidá Nacionalista, que también recurrió a los tribunales la resolución, acusó al Principado de "pretender instaurar el servilismo y el chantaje retributivo, al imponer que sólo incrementen sus retribuciones en Asturias, de las más bajas de todo el Estado, quienes acepten futuras condiciones sin conocerlas previamente, con el agravante de apartar a los interinos y a los que no tengan cinco años de antigüedad".

Se mostró además convencido de que "las contrapartidas a la firma de la adhesión serían unas condiciones de trabajo inaceptables para la dignidad de los funcionarios y rompían la negociación colectiva, al individualizar una subida salarial, intentando apartar a los sindicatos y anular su representatividad".