La Plataforma contra la Represión convoca una concentración frente al Ayuntamiento el próximo día 6
GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros concedió a los representantes de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero la rebaja de la pena de cárcel impuesta de tres a dos, a cambio del pago al Ayuntamiento de los 5.624,83 euros de indemnización por la rotura de la cámara de videovigilancia durante las movilizaciones de Naval Gijón y el no cometer delito doloso en el plazo de cuatro años. Para los dos procesados, el indulto es "otra una trampa para seguir amordazando a la clase trabajadora".
Por su parte, Carnero, en rueda de prensa en la Casa Sindical, se quejó de la indefensión en la que se encuentran al no saber si la suspensión de la pena hasta la resolución del indulto que decretó la jueza que sutituyó al magistrado del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio, afecta al tiempo que ha pasado desde que se les concedió el Tercer Grado . Los dos pasaron en la cárcel de Villabona 20 días antes de concedérsele es citado Tercer Grado el 5 de julio de 2007, un día antes de que les suspendieran la pena.
Morala y Carnero están citados por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón el próximo día 7, a las 10.00 horas, donde el magistrado les comunicará si ingresan en prisión, continúan con el Tercer Grado o si se suspende la pena al ser de dos años. "Pensamos que deberíamos estar en el tercer grado", dijo Carnero.
Este último aseguró que ahora están "peor" que antes de salir el indulto. Los sindicalistas opinan que el indulto está "apañado" por el informe que dictó el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, y al Ayuntamiento de Gijón. "Siempre dijimos que éramos inocentes y que no se nos dejó defendernos en el juicio" apuntó. "Si Ayuntamiento no se da por satisfecho, volveríamos a la prisión de Villabona", añadió.
Además, criticó que se aumenta en dos años el condicionante. A este respecto, explicó que la legalidad dice que en dos años si te vuelven a pillar no pasa nada y aquí imponen cuatro años, por lo que consideró que están en indenfensión si van a una manifestación y la Policía desea denunciarles. "Estamos condenados", se quejó.
Asimismo, aseguró que todo esto es un "montaje político institucional" y lamentó que se les deje "en las mismas manos que nos condenaron en su momento", con alusión al Ayuntamiento gijonés y al magistrado Lino Rubio, al que acusó de condenarles "sin oportunidad de defendernos" y como castigo a las movilizaciones en el sector naval en Gijón.
Sobre esto último, apuntó a lo oportuno de que llegue el indulto cuando Naval Gijón cierra y Juliana está al borde de hacerlo, algo que calificó de "lamentable" y lo atribuyó a "pretender que aquí no se mueva ni Cristo". Carnero señaló que se les utiliza como cabezas de turco para "amedrentar a los trabajadores" y apuntó que único interés es el "pelotazo urbanístico" en terrenos de los astilleros.
Por su parte, un portavoz de la Plataforma Contra la Represión y por las Libertades, Miguel Ángel Llana, quiso matizar que la petición de indulto la hizo la Plataforma junto a la firma de muchos ciudadanos y no los dos procesados. Para Llana, el juicio hecho a Carnero y Morala es una "venganza para hundir la Bahía" y "especular con los terrenos. También recalcó que si no se cuenta la suspensión de la condena decretada por la jueza en su día, ahora habrían cumplido en régimen de Tercer Grado más tiempo del de la condena impuesta por el Consejo de Ministros.
Por este motivo, la Plataforma ha convocado una concentración para el día 6 de octubre, a las 19.00 horas, en la Plaza Mayor, para que el Ayuntamiento ratifique lo dicho de palabra en su día sobre que los dos imputados no tenían nada que pagar. El impago de esa cantidad lleva también parejo la pena de unos 180 días de cárcel.
Asimismo, recordó que el indulto se había pedido integral y no para que aplicaran una rebaja de la condena. Carnero y Morala fueron condenados en abril de 2007 a tres años de prisión. Ambos presentaron recurso ante el Tribunal Constitucional, quien les instó a agotar previamente todas las vías juidiciales. Los dos sindicalistas están a la espera de que el Constitucional les responda a su escrito, en el que dejan claro que ya agotaron todas esas vías, al haber recurrido ante la Audiencia Provincial.
