El presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, Dacio Alonso, durante la rueda de prensa de este viernes. - EUROPA PRESS
OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha denunciado este viernes la existencia de un "impuesto del miedo" oculto en la factura eléctrica, mediante el cual los hogares están sufragando el mantenimiento en modo "ralentí" de las centrales de ciclo combinado de gas tras el gran apagón ocurrido hace más de un año.
Según ha explicado en rueda de prensa, este recargo supone un coste medio de 54 euros anuales por familia. En total, la UCE estima que los asturianos transfieren cada año más de 55 millones de euros a las grandes compañías eléctricas para garantizar la seguridad de un sistema que "debería ser financiado por los beneficios récord del oligopolio y no por el ahorro de los ciudadanos". La organización calcula que con esos 55 millones de euros anuales se podría cubrir la factura eléctrica a 50.000 familias vulnerables de Asturias durante tres años.
Alonso ha calificado de "insultante" que compañías como Total Energies o Repsol, que operan en Asturias, presenten crecimientos en sus beneficios de hasta el 57% en el primer trimestre de este año mientras se mantiene este recargo a los ciudadanos.
"RESCATE ENCUBIERTO" DE LAS GRANDES ELÉCTRICAS
"Es un rescate encubierto. El riesgo empresarial de mantener esas plantas lo asumen los consumidores mientras las cinco grandes eléctricas --Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Total Energies-- ganaron 2,6 millones de euros cada hora en 2025", ha denunciado el presidente de la UCE.
Para el presidene de la UCE se trata de un a "estafa consentida" por el Gobierno, señalando que el coste del gas utilizado para mantener estas centrales en espera --sin producir energía de forma efectiva-- se ha introducido "de matute" en los recibos bajo el concepto opaco de "ajustes del sistema". "Es un impuesto al miedo que ni siquiera aparece con claridad en el recibo; se camufla bajo el concepto de 'ajustes del sistema'", ha remarcado.
Alonso ha lamentado que más de un año después del apagón, todavía no se tenga claro quiénes son los responsables. En este sentido, ha criticado los intentos de responsabilizar a las energías renovables de la inestabilidad del sistema, señalando que "se ha tratado de culpar a las renovables" para justificar el uso de tecnologías de respaldo controladas por el oligopolio. Para Alonso, la responsabilidad recae tanto en Red Eléctrica, como garante del sistema, como en las comercializadoras que ajustan la oferta a la demanda buscando "la mayor rentabilidad".
La Unión de Consumidores ha instado al Gobierno a eliminar de inmediato este recargo "anti-apagón" y a desglosar euro a euro el destino del dinero en la factura. "Es intolerable que las eléctricas, con beneficios superiores a los 23.000 millones, obliguen a los ciudadanos a subvencionar el gas de sus infraestructuras privadas por la puerta de atrás", ha concluido.
FIN DEL ACOSO TELEFÓNICO Y NUEVOS DERECHOS
Pese a la crítica por los costes ocultos, la UCE ha valorado los avances del nuevo Real Decreto 88/2026. Alonso ha destacado especialmente el fin del "spam" telefónico, recordando que las llamadas comerciales no solicitadas están prohibidas bajo sanciones de hasta 6 millones de euros.
Ha subrayado que, para proteger al usuario, las llamadas comerciales autorizadas deberán utilizar un prefijo específico (el código 400) para que el ciudadano pueda identificar el origen de la oferta antes de descolgar.
"Está prohibido tajantemente que una comercializadora te llame si tú no has tomado la iniciativa", ha recordado Alonso, quien ha hecho especial hincapié en que "se prohíbe la contratación de forma verbal o telefónica". "Cualquier contrato verbal es nulo si no hay una propuesta por escrito aceptada por el consumidor", ha advertido.
Asimismo, ha subrayado la llegada de la "multicontratación", que permitirá contratar con distintas comercializadoras para diferentes usos bajo un mismo contador, fomentando así la competencia.