Archivo - Imagen de archivo de una reunión de la concertación social. - ARMANDO ALVAREZ - Archivo
OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta General del Principado de Asturias ha acogido este viernes las comparecencias relativas al proyecto de Ley de Participación Institucional, norma que pretende dotar de un marco legal estable y transparente la relación entre los agentes sociales y el Gobierno autonómico. Sindicatos y patronal han puesto de manifiesto el valor de la concertación social y han aplaudido la normativa por dotar de un marco legal más estable al diálogo social. Además han apelado al consenso entre los distintos grupos parlamentarios para sacar adelante la normativa.
El proyecto, aprobado en mayo por el Consejo de Gobierno, aporta seguridad jurídica y evita que el ejercicio de la participación dependa solo de la voluntad política del momento. El Principado carecía de una norma con rango de ley para definir y garantizar esta participación. Con este texto, el Ejecutivo autonómico cubre ese vacío normativo y sitúa Asturias al mismo nivel normativo que otras comunidades.
En su comparecencia, el secretario de organización de UGT Asturias, Abel Suárez, ha respaldado el proyecto porque, frente a los discursos que pretenden "empañar la labor de los agentes sociales", establece y estructura un marco normativo "claro". Para UGT, la norma permite a los agentes sociales defender, promover, ejecutar y desarrollar las acciones para la implementación de sus intereses laborales, económicos y sociales propios.
El responsable sindical ha defendido que la trayectoria del diálogo social en Asturias cuenta con varias décadas de historia y tener ahora este marco legal permite "reforzar su estabilidad" y ofrecer mayores garantías frente a los cambios de "coyuntura política", evitando que los derechos de participación dependan exclusivamente de la voluntad política del momento.
Desde CCOO, el secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, ha CCOO ha defendido una serie de enmiendas al cuerpo de la normativa para evitar que la ley nazca "castrada". Zapico ha valorado que la iniciativa aporte estabilidad, seguridad jurídica y transparencia a una trayectoria de concertación de casi cuatro décadas en la región, pero ha subrayado que el texto actual presenta "insuficiencias" que deben subsanarse durante su tramitación parlamentaria.
Se refiere el responsable sindical a la exclusión del sector público instrumental -como sociedades mercantiles públicas y fundaciones autonómicas como Sekuens-, al considerar que dejar estos entes fuera de la norma equivale a crear una "administración en la sombra". Por ello, ha planteado una disposición adicional para garantizar la participación sindical en dicho ámbito mediante comisiones de seguimiento administrativas y consultivas. En el segundo bloque, relativo a la financiación, Zapico ha defendido que el texto debe fijar con claridad el principio de "no regresión presupuestaria", de modo que las partidas para la participación institucional no resulten inferiores a las del ejercicio anterior. Como tercer eje, la organización ha propuesto la creación de una comisión paritaria de seguimiento, desarrollo y evaluación para fiscalizar lo acordado y elaborar una memoria anual pública.
Por su parte, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo, ha aplaudido la norma por "ordenar" y dotar de transparencia al diálogo social, aunque ha subrayado que "llega tarde". La dirigente de la patronal ha recordado que la participación institucional no constituye únicamente un derecho, sino un deber derivado de más de 60 normas del Principado para trasladar a la Administración las necesidades e impactos reales de las políticas públicas en las empresas, especialmente en pymes y autónomos.
A este respecto, Calvo ha precisado que la representatividad legal encomienda a FADE defender los intereses generales de la totalidad del tejido empresarial asturiano, y no solo de sus asociados. Calvo ha finalizado su intervención pidiendo a la Cámara el "mayor consenso posible" para sacar adelante esta norma, porque "no debería ser la ley de un gobierno, sino una pieza estable de nuestro autogobierno".
