Vigilantes de Seguridad pide al Principado que investigue el contrato de Perlora

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha vuelto este viernes a criticar la gestión del servicio de vigilancia y seguridad de la Ciudad Residencial de Vacaciones de Perlora, adjudicado por el Principado a una empresa.

Según ha trasladado la organización, durante los meses de julio y agosto las condiciones establecidas contemplan un refuerzo con la presencia de dos vigilantes de seguridad durante 12 horas en horario diurno y otros dos durante 12 horas en horario nocturno.

Sin embargo, la entidad ha señalado que en una inspección de técnicos de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias se ha constatado la presencia de un único trabajador.

Avispa advierte que la situación podría revestir mayor gravedad, ya que la información recabada por el colectivo indica que el segundo vigilante asignado a Perlora habría sido destinado simultáneamente a otro servicio de la misma empresa. Asimismo, la asociación ha apuntado que en los informes de servicio de Asepro Seguridad se ha reflejado la presencia de dicho efectivo en las instalaciones públicas.

Desde el colectivo han advertido de que, de confirmarse estos extremos, no se trataría de un incumplimiento puntual de cuadrante, sino de hechos que podrían implicar una alteración de la realidad de la prestación efectiva del servicio y de la documentación justificativa.

En este contexto, la asociación ha planteado la necesidad de aclarar quién confeccionó y validó el cuadrante, qué trabajadores se comunicaron oficialmente y cuáles estuvieron presentes en cada turno. Del mismo modo, Avispa ha reclamado determinar qué registros de jornada, fichaje o geolocalización existen, qué servicio realizaba el segundo efectivo en otro centro y si la Administración ha recibido documentación por prestaciones no realizadas.

Por todo ello, Avispa ha exigido al Principado de Asturias una investigación completa que revise los cuadrantes oficiales, los informes diarios, los registros de presencia, las facturas emitidas y las conclusiones de la inspección técnica. Finalmente, la representación de los vigilantes ha instado a la Administración autonómica a aplicar las penalidades contractuales correspondientes y depurar responsabilidades si se acreditan las deficiencias.