SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria abonará 620 euros a dos ganaderos por la muerte de un novillo y un carnero a causa de los buitres. Además dicho departamento ha estimado otra reclamación de daños causados por los jabalíes, en este caso, por un importe de 40,5 euros.
Según las notificaciones de dichos expedientes de responsabilidad patrimonial, consultadas por Europa Press, en el primer caso, la beneficiaria es una vecina de San Vicente del Monte (Valdáliga), quien recibirá 540 euros por la muerte de un jato de raza limusin, ocurrida el 7 de julio de 2008 en la localidad de Bustriguado, y causada por los buitres.
Un segundo expediente corresponde a un ganadero vecino de Bejes (Cillorigo de Liébana), a quien se abonará 80 euros por la muerte de un carnero, hecho ocurrido el día 23 de mayo de 2008 en la localidad de Bejes, y también causado por los buitres.
Por último la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria ha estimado un expediente de responsabilidad patrimonial referido a los daños causados por los jabalíes en la propiedad de un vecino de la localidad de Celada de los Calderones (Hermandad de Campoo de Suso).
En concreto los daños reclamados en este caso son las hozaduras de 225 metros cuadrados causadas el día 20 de octubre de 2008 en la localidad de Celada de los Calderones por los jabalíes, y la cuantía a abonar es de 40,50 euros.
Estas ayudas se conceden al amparo de la Ley de caza; la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; la de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, así como la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del Real Decreto que aprueba el reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, entre otra normativa.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, sin perjuicio del recurso de reposición que se puede presentar ante la Dirección General de Biodiversidad en el plazo de un mes.
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