Afirma que la demolición inmediata que pedía ARCA hubiera sido un "atentado ecológico" y que la Ley de Costas lo habría impedido
SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha afirmado este martes que el Tribunal Supremo "ha hecho justicia con mayúsculas" con un auto "absolutamente sensato y lleno de sentido común" que alarga la vida útil de la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera "como mínimo siete años más" y garantiza, por tanto, su funcionamiento "durante toda esta década", "hasta finales de 2020 como mínimo".
Fernández ha destacado en rueda de prensa la "plena satisfacción" del Gobierno de Cantabria con la decisión del Supremo, que "pone el contador a cero" para la ejecución del derribo de Vuelta Ostrera y ha advertido que la demolición inmediata que pretendía la asociación ecologista ARCA en su petición de ejecución forzosa de la sentencia de 2005 hubiese supuesto "un auténtico atentado ecológico para la ría de San Martín", con consecuencias medioambientales "catastróficas".
Además, ha destacado que la disposición adicional introducida en la reforma de la Ley de Costas no habría permitido la demolición inmediata, puesto que garantiza el funcionamiento temporal de la depuradora, y ha puntualizado que el TS ha considerado que en este caso no era necesario aplicarla porque "persigue lo mismo que se consigue con el auto", con lo que "reconoce su constitucionalidad y aplicabilidad cuando sea necesario".
En su opinión, el auto del TS "consigue dar satisfacción a todas las partes, algo verdaderamente difícil", ya que por un lado reconoce a ARCA el derecho a la que la sentencia se ejecute y por otro, reconoce a la administración el derecho a que la EDAR de Vuelta Ostrera "perdure como mínimo siete años más", lo que garantiza que su vida útil será de "al menos 15 años".
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha recordado que el TS accede a la ejecución forzosa de la sentencia de derribo de 2005, pero no de la forma solicitada por ARCA, que pretendía que la demolición se completase en cuatro meses, lo que "entre otras cosas -ha insistido- sería un auténtico sinsentido desde el punto de vista medioambiental", puesto que la EDAR de Vuelta Ostrera presta un servicio "absolutamente indispensable".
Para el consejero, plantear la demolición de Vuelta Ostrera en cuatro meses "supone claramente olvidar" el interés medioambiental que ARCA reconoció en 2006 al aceptar demorar el derribo hasta que existiera una alternativa para depurar las aguas residuales de la cuenta del Besaya.
El Supremo descarta la pretensión de ARCA y establece que la ejecución de la sentencia deberá ajustarse al cronograma de actuaciones pactado por las partes en 2006, en el que se fijó un plazo de siete años para construir una nueva depuradora y demoler la de Vuelta Ostrera.
"A FINALES DE 2020 COMO MÍNIMO"
Una solución que el consejero ha valorado como "satisfactoria y razonable" y que "nos llevará al menos al final de la década, a finales de 2020 como mínimo, porque la experiencia nos dice que los plazos de ejecución de las sentencias es imposible cumplirlos en sus estrictos términos", ha señalado.
El consejero ha destacado que "la voluntad de las administraciones nunca ha sido la de no ejecutar la sentencia", y en este sentido, ha puntualizado que el Estado ya había empezado a dar pasos para su cumplimiento con la licitación del estudio de alternativas para construir una nueva depuradora que sustituya a la de Vuelta Ostrera, un contrato que según cree, "ya está adjudicado" y a partir del cual se abrirán "múltiples variantes".
El titular de Medio Ambiente ha señalado que el Gobierno anterior planteó como alternativa la utilización de la depuradora de Sniace, algo que en su opinión "sería un error gravísimo" al tratarse de una empresa privada.
Fernández ha señalado que una vez "superado el peligro de demolición inmediata", "ahora nos enfrentamos a un nuevo escenario con mayor tranquilidad". En este sentido, advertido que es una tramitación "larga" en la que hay que avanzar con todas las cautelas, máxime teniendo en cuenta que el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó la construcción de Vuelta Ostrera en dominio público marítimo-terrestre "se anuló porque se entendió que el estudio de alternativas no estaba suficientemente motivado".
Además, ha destacado que con la sentencia de derribo de 2005, el proyecto de Vuelta Ostrera "quedó abortado en parte", ya que también incluía un emisario submarino que "hubiera garantizado la máxima calidad de las aguas, y para el que se contaba con fondos europeos que se perdieron".
Por otro lado, ha destacado que el auto del Supremo va a permitir la ejecución de obras en Vuelta Ostrera para mejorar su rendimiento, y por ende, la calidad de las aguas.
