SANTANDER, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha sometido a consulta pública la elaboración del Decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico en el ámbito de Cantabria.
El plazo en el que se podrán realizar aportaciones es de 10 días hábiles a contar desde este miércoles 3 de abril, tras publicarse hoy la resolución que inicia el trámite en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Igualmente se puede consultar en el Portal de Transparencia de Cantabria.
Las opiniones deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Turismo y Hostelería. Se podrán presentar en el Registro General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como en los registros u oficinas establecidos por ley, además de a través del portal de transparencia https://participacion.cantabria.es/
La titular de Turismo, Eva Guillermina Fernández, ha invitado a participar en esta consulta pública a todos los actores implicados (propietarios de viviendas turísticas, vecinos y profesionales del sector) y a toda la ciudadanía en general.
La consejera ha recordado que la modificación del anterior decreto, aprobado en 2019, viene dada por la necesidad de adaptar la normativa turística a las realidades actuales.
En este sentido, ha concretado que el crecimiento "desbordado" de las viviendas de uso turístico ha planteado nuevos desafíos que la región debe "afrontar sin dilación", como la necesidad de garantizar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de los residentes, así como la de "garantizar una competencia leal" dentro del sector turístico.
Con la nueva normativa se pretende solventar las deficiencias y dificultades que se han detectado en estos cuatro años en los que lleva en vigor el actual decreto y, según ha incidido Fernández, aportar claridad y seguridad jurídica al sector y junto a ello "preservar la identidad de nuestros barrios y pueblos".
Así, entre las principales novedades que contempla el nuevo decreto destaca reforzar el concepto de responsabilidad del servicio, exigiendo junto a la declaración responsable un seguro de responsabilidad civil. El objetivo es introducir nuevas herramientas que permitan una mejor regulación de este tipo de viviendas, definiendo las obligaciones tal y como se exigen a otros establecimientos turísticos, y que faciliten el procedimiento de comprobación e inspección.
Fernández ha afirmado que esta iniciativa es un "paso firme" en el compromiso del Gobierno de Cantabria de hacer de Cantabria "un destino turístico sostenible y responsable".
REGULACIÓN
Actualmente, el marco jurídico aplicable a las viviendas de uso turístico es el Decreto 225/2019, de 28 de noviembre. Tras algo más de cuatro años desde su entrada en vigor, se ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar una nueva regulación, que pretende solventar las dificultades que la aplicación en estos cuatro años de vigencia ha revelado, debido fundamentalmente a la extraordinaria dimensión adquirida por el mercado del alquiler de viviendas de uso turístico y que provoca en ocasiones efectos indeseados, explica la resolución publicada en el BOC.
Con la redacción de un nuevo decreto se trata de reforzar una norma que permita, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma, un control en el momento de comprobación del cumplimiento de los requisitos de la declaración responsable, de la adecuación de la actividad de alquiler de viviendas de uso turístico a la normativa turística y sectorial, en particular la urbanística.
Es por ello que resulta necesario actualizar los requisitos comprensivos de la declaración responsable.
Asimismo, se pretende ampliar los sujetos que podrán tener la consideración de titulares para el ejercicio de la actividad de alojamiento de viviendas de uso turístico; y las características de tal ejercicio, incluyéndose la habitualidad.
Por otra parte, la declaración responsable se introduce como un medio de simplificación administrativa para facilitar el ejercicio de la actividad, si bien, alcanzado el objetivo de agilidad en la prestación de servicios, no exime de la asunción de las obligaciones derivadas en el momento de su presentación y su contenido. En este sentido, con la nueva regulación se pretende incidir en este aspecto y al tiempo definir el procedimiento de comprobación e inspección de las declaraciones responsables.
