La defensa de los imputados por el 'escrache' a Diego pedirá que se interrogue de nuevo al chófer y los escoltas

SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa de los imputados por el 'escrache' al presidente regional, Ignacio Diego, en febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria (UC), solicitará este miércoles, 15 de abril, que se vuelva a interrogar al chofer y los escoltas del jefe del Ejecutivo regional por supuestas "falsedades" en relación a lo ocurrido.

Según ha podido saber Europa Press, la defensa considera que los vídeos de lo acontecido ese día en la UC muestran "contradicciones" con la declaración de estos tres testigos.

Precisamente, este mismo martes, el juez instructor, Luis Enrique García Delgado; las defensas y el representante de la Fiscalía en este proceso han visionado tres vídeos sobre el 'escrache' de ese día, 17 de febrero de 2014, a Diego.

Fuentes presenciales en el visionado, han informado a esta agencia que uno de los vídeos correspondía a la entrada del presidente en la UC y dos a la salida.

La defensa sigue sosteniendo que a Diego "no se le acercó nadie" y solo uno de los allí presentes lo hizo al coche. Éste, además, es menor de edad y no está entre los imputados.

LA DECLARACIÓN DE DIEGO, EL 5 DE MAYO

Junto al visionado del vídeo, el juez también admitió la toma de declaración al presidente regional, que será por escrito y que se ha fijado para el 5 de mayo, a partir de las 10.30 horas, en el despacho de Diego en la sede del Gobierno regional en Peña Herbosa.

Diego prestará declaración en presencia de un secretario judicial, que será el encargado de dictarle las preguntas planteadas por las partes y entregará en el juzgado las respuestas del presidente.

Concretamente, la defensa buscará con sus preguntas reconstruir el "minuto a minuto" de lo vivido por Diego ese día en la UC, donde acudió a participar en el foro 'Tengo una pregunta para usted'.

Además, la representación de los imputados pedirá al presidente qué aclare e identifique quién o quiénes fueron las personas que, supuestamente, se acercaron a él y le intentaron abrir el coche o le insultaron.

NUEVE IMPUTADOS

El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander imputó a nueve personas por el 'escrache' al presidente de Cantabria y líder del PP regional.

El juez halló indicios de un delito de desordenes públicos (cuya pena es de cuatro a seis años) en la actuación de siete de los imputados, así como de falta continuada contra el orden público en otros dos casos.

El auto del juez recogió que el 17 de febrero de 2014 Diego acudió a la UC y un grupo de personas le insultó durante el acto en el que intervenía, y a su término, "se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente, impidiendo de hecho que pudiera acceder a su vehículo oficial".

El auto señalaba que tres de ellos formaron una especie de cadena que obligó al equipo de seguridad del presidente a evacuarle en un vehículo policial, lo que consiguieron "tras grandes dificultades, luchando denodadamente -dice- con los allí congregados".

Según se indicaba, algunos de ellos intentaron acceder al interior del vehículo policial "con el fin de agredir" a Diego. Otro se colocó frente al turismo para impedir que el presidente abandonara el lugar. Y tres de los imputados, según consta en el auto, se tiraron encima del capó y colocaron una pancarta que impedía ver nada al chófer.

Entre los imputados figura Marcos Martínez Romano, uno de los dos cántabros que forman parte de la dirección nacional de Podemos (Consejo Ciudadano). Este joven de 26 años es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración; activista de movimientos estudiantiles, sindicales y del 15M, y portavoz del Círculo Podemos de Santander.

El juez le imputa un delito de desórdenes públicos o, alternativamente, coacciones, atentado agravado y falta continuada contra el orden público (desconsideración)o, alternativamente, una falta continuada de injurias y amenazas. Según el auto, intentó entrar al vehículo donde estaba el presidente con el fin de agredirle, y un policía se interpuso para impedirlo, forcejeando "levemente" con él, para después insultar a los escoltas.

Colectivos como la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) criticó el auto del juez y lo tachó de "politizado" y considera "una falta de proporción evidente" entre lo ocurrido y los delitos por los que el juez imputa a los nueve jóvenes.

Indicó que, de seguir adelante este proceso siguiendo el auto del juez, a cuatro de los imputados se les podrían pedir penas acumuladas de entre 4 y 9 años de cárcel, además de las multas conexas; a otros tres, penas de 6 meses a 3 años; y dos sólo serían juzgados por faltas contra el orden público.