ASAMBLEA CONTRA EL FRACKING
ZARAGOZA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) de Aragón llevará este martes a las Cortes el rechazo al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra la Ley de Cantabria que prohíbe el uso de la fractura hidráulica (fracking) como técnica de investigación y extracción de gas no convencional en esta comunidad autónoma.
Cantabria promulgó esta Ley en abril de 2013 y fue motivada por el informe que, en junio de 2011, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo publicó y en el que cuestionaba el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas.
El portavoz de Industria de IU en las Cortes de Aragón, Luis Ángel Romero, ha indicado que "este informe motivó que varios Estados de la Unión Europea aprobaran una moratoria o prohibición", y ha recordado que en España, además de Cantabria, La Rioja ya legisló también la prohibición del fracking, "y otras están en tramitación de Proposición de Ley con la misma finalidad".
Para IU, el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley cántabra contra la fractura hidráulica, es "una herramienta" con la que el Gobierno central quiere evitar que las comunidades autónomas legislen sobre el fracking y puedan establecer límites o prohibiciones respecto al uso de esta técnica.
Para Romero, lo que pretende Rajoy con este recurso "es asegurar vía libre para poder dar permisos en todo el territorio del Estado, con el consiguiente perjuicio medioambiental".
"Nos preocupa mucho este recurso porque el Gobierno central no solo debe velar por el cumplimiento de las leyes que se aprueban democráticamente en los parlamentos autonómicos, sino que debe tomar ejemplo cuando se trata de decisiones que se toman desde el consenso y para la protección de su territorio y de sus habitantes", ha añadido.
Por ello, Romero, presentará en la Comisión de Industria, que se celebra este martes una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno aragonés a dirigirse al central para solicitarle que retire el recurso de inconstitucionalidad y promueva una legislación que prohíba la utilización de esta técnica extractiva en todo el territorio español, suspendiendo y paralizando los permisos que se han otorgado hasta el momento.
"La fractura hidráulica -ha argumentado el diputado-, plantea interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las afecciones al medio ambiente, representa una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse, tal y como ha puesto en evidencia el Proyecto Castor en Castellón, y supone un modelo de desarrollo que conlleva graves impactos en las actividades que mantienen el medio rural, como la agricultura, ganadería y el turismo".