El Grupo Parlamentario Socialista presentará una iniciativa con las reivindicaciones de las asociaciones contrarias a la medida
SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PSC-PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que "la imposición, por parte del PP, del decreto liberalización de horarios comerciales ha roto el equilibrio y el consenso que hasta ahora había en Santander".
"Como acostumbra, el PP pretende imponer un decreto sin contar con la opinión de los sectores afectados y sin llevar a cabo ningún tipo de diálogo previo al respecto", ha señalado Díaz Tezanos.
Así lo ha indicado la líder socialista tras la reunión que ha mantenido este lunes con los representantes de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC) y de la Agrupación de Comerciantes del Centro de Santander.
Los representantes de estas asociaciones han expresado a la secretaria general del PSOE cántabro su "malestar" por la decisión del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria.
La dirigente socialista ha denunciado que el decreto que establece la libertad de horarios comerciales en Santander "pone al comercio minorista de la ciudad al borde del precipicio" y "no cuenta con el respaldo de la mayoría de los afectados, a quienes ni siquiera se les ha consultado".
"Somos conscientes de la gran preocupación que tienen los comerciantes, quienes, no olvidemos, han soportado esta crisis con un gran esfuerzo", ha dicho, y ha mostrado "todo el apoyo del Partido Socialista al pequeño comercio de Santander".
Así, Díaz Tezanos ha manifestado que su Grupo Parlamentario recogerá en una iniciativa en el Parlamento de Cantabria las reivindicaciones del sector "intentando encontrar un acuerdo de todas las partes" mediante el cual el comercio minorista "no se sienta desamparado ante la postura del alcalde de Santander y la inhibición del Gobierno regional".
Asimismo, la líder socialista ha manifestado su apoyo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra este Decreto Ley por parte de los gobiernos socialistas de Andalucía y Asturias "por invasión de competencias, en este caso, de los gobiernos de dichas comunidades autónomas" y ha animado al Gobierno de Cantabria a tomar el mismo camino.
