La Audiencia Nacional no considera acreditado el 'mobbing'
SANTANDER, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional (AN) ha desestimado un recurso de una funcionaria del Cuerpo de Matronas de la Benemérita, que aseguraba haber sufrido acoso laboral, conocido como 'mobbing', parte en Cantabria, por ser sindicalista, mujer y no ser guardia civil y pedía 180.000 euros por daños y perjuicios.
En sentencia de 10 de diciembre de 2014, consultada por Europa Press, la AN considera que la "exigida acreditación" de haber sufrido 'mobbing' "no se ha producido".
La recurrente, funcionaria del Cuerpo de Matronas de la Guardia Civil desde noviembre de 1986 y con distintos destinos en su haber, incluso con funciones ajenas a la propia de su puesto de trabajo, afirmaba haber sufrido mobbing desde 1999, con el cese de servicios en el aeropuerto de Parayas y coincidiendo con su afiliación a CC.OO, del que llegó a ser delegada en el 2000.
Esta funcionaria asegura que se le comenzó a dejar "prácticamente sin cometido" y se le negaban permisos para asistir a cursos de formación.
Aseguraba que el 'mobbing' prosiguió en su destino a la Comandancia de Cantabria, al grupo informático. Señalaba que comenzó allí "sin haberle formado", negándosele hasta cuatro cursos, además de no otorgarle el complemento de productividad por no ser guardia civil a pesar de que --dice la recurrente-- "tenía derecho a él".-
También denunciaba que se le cambió la dirección y contraseña del correo electrónica laboral sin comunicárselo y que se le "presionaba" para que renunciara a su afiliación a CC.OO, diciéndole que "perjudicaba su carrera y la de su marido", que era oficial de la Benemérita.
En octubre 2004 fue destinada, según la sentencia, a San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde se encontraba su marido y lugar en el que ella, según afirmaba en el recurso, "no tuvo asignado cometido" y tampoco material, como ordenador.
Además, la funcionaria afirmaba que se le hizo saber que estaba "quitando el puesto" a otro que es guardia civil.
Tras seis meses en Madrid, en abril de 2005 es dada de baja por los servicios médicos y el 20 de septiembre de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le declaró jubilada por incapacidad permanente, con efectos de octubre de 2007, por depresión mayor y trastorno de ansiedad generalizada derivado de un trastorno de estrés postraumático.
Señalaba que estando de baja, y antes de que llegara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "se le conminó" para reincorporarse a su destino a Cantabria, advirtiéndole que, de no hacerlo, podría suponer una infracción disciplinaria, según reglamento militar.
Sin embargo, en junio de 2007 es ingresada en un centro psiquiátrico durante casi dos años tras un intento de suicidio.
De forma genérica, la recurrente mantiene que se le trató como militar cuando no lo era, se le "discriminó" y "abusó" por su condición de mujer, sindicalista y no ser guardia civil.
Por esa situación, reclamaba 180.000 euroos por daños y perjuicios causados, solicitud que fue denegada por el Ministerio del Interior y ahora por la Audiencia Nacional, que no considera acreditado este 'mobbing'.
