El Tribunal de Cuentas insta a Cantabria a regular las encomiendas de gestión

SANTANDER, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha instado al Gobierno de Cantabria a regular las encomiendas de gestión mediante una "norma sustantiva" y a mejorar la planificación administrativa teniendo en cuenta el uso reiterado esta técnica de gestión para idénticos fines y "el empobrecimiento que para la Administración de la Comunidad Autónoma puede suponer la translación de las funciones que constituyen las prestaciones encomendadas".

Son dos de las recomendaciones que figuran en el informe de fiscalización --realizado en coordinación con los OCEX-- aprobado por el Pleno del Tribunal sobre las encomiendas de gestión realizadas por las entidades del sector público de Cantabria en 2013, que este lunes ha facilitado el TC.

En concreto, el Tribunal ha señalado que la comunidad autónoma debería ampliar la regulación de las encomiendas "mediante una norma sustantiva de rango suficiente que defina pormenorizadamente" los requisitos de esta figura, su régimen económico, así como los procedimientos aplicables para su tramitación y para su adecuado seguimiento y control.

Además, ha considerado que la comunidad debería establecer las condiciones y límites para que las entidades puedan recurrir a la contratación externa; y ha advertido de la necesidad de separar y diferenciar las relaciones entre la Administración y la entidad a la que se encomienda y entre el personal propio de la Administración y el que ejecuta los trabajos encomendados para "evitar los riesgos derivados de la posible inclusión en supuestos de cesión de trabajadores".

También ha incidido en la necesidad de incorporar sistemas que permitan garantizar el control periódico de las prestaciones o actividades; y en que en los encargos se incluyan cláusulas que "de forma expresa" vinculen el importe final de la encomienda a los costes que finalmente hubieran supuesto para la Administración, "limitando el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios presupuestados inicialmente a su coste real".

Finalmente, ha sostenido que el Gobierno de Cantabria debería facilitar el control del cumplimiento de la publicación de las encomiendas de gestión en el seno de su página de Transparencia.

NORMATIVA "ESCASA"

Por lo que se refiere a las conclusiones del estudio, el Tribunal de Cuentas señala que la normativa que regula las encomiendas de gestión es "escasa y dispersa", lo que crea una situación de "inseguridad jurídica" aunque "en buena medida paliada" por el "esfuerzo" de la Intervención General y de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Administración regional.

Dice que la justificación de las encomiendas de gestión analizadas ha consistido, con carácter general, en "el mero enunciado formal, puramente declarativo, del órgano administrativo correspondiente, aduciendo ritualmente la carencia de medios personales, la celeridad en su formalización y flexibilidad en su ejecución o simplemente en la mayor idoneidad", con lo que no han quedado suficientemente acreditadas al no estar documentadas.

El informe también ha advertido de la "excesiva vinculación" de algunas encomiendas con competencias administrativas propias de los órganos encomendantes, lo que "ha supuesto que se hayan encomendado trabajos que llevaron aparejada la participación de potestades públicas, lo que no se acomoda a nuestro ordenamiento jurídico".

En ocasiones, como la encomienda de limpieza de playas, de competencia municipal, el Tribunal ha sostenido que las subvenciones hubieran sido una fórmula más adecuada. También ha detectado casos donde las encomiendas se han utilizado para acceder a sistemas de financiación a largo plazo "que permitan la ejecución de proyectos que de otra manera estarían obstaculizados" por las medidas de control y ajuste.

Igualmente ha constatado que "un número significativo" de encomiendas tienen un carácter estructural y permanente, especialmente las dirigidas a cubrir insuficiencias de plantilla, lo que no responde al carácter "concreto y específico" que deberían tener. Una reiteración que el Tribunal asocia al riesgo de cesión.

Al hilo, se ha referido a las encomiendas de las empresas públicas Tragsa y Tragsatec y la cláusula de subrogación del personal que "exceden la mera obligación de información" y que "conlleva el riesgo de que la subrogación de personal pudiese aplicarse en el caso de que la Administración decidiese rescatar el servicio y gestionar directamente con sus propios medios personales la actividad encomendada".

La inexistencia de tarifas, la deficiente justificación de la facturación, la poca coherencia de la utilización del convenio de colaboración para instrumentar las encomiendas a empresas del sector público autonómico, la ausencia de previsiones de control, o el hecho de que las encomiendas al Grupo Tragsa no fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria son otros de los asuntos que el Tribunal ha puesto de relieve.

Igualmente ha constatado que en 14 encomiendas para la realización de obras de construcción, ampliación y equipamiento de centros sanitarios y educativos la subcontratación abarcó la totalidad de los trabajos, "sin aplicar la legislación de la contratación pública con la misma extensión y rigurosidad que la
prevista para el caso de que el poder adjudicador es una Administración Pública". Si bien, en gran parte de esas contrataciones externas, se obtuvieron "importantes economías"
respecto de los respectivos presupuestos de licitación, así como también en algún caso la reducción de los costes de financiación.