Aseveran que "ni en los peores años de la democracia" ha pasado en Cantabria lo que sucede con la Consejería de Presidencia
SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras augura que la falta de definición en el proceso de trabajadores de la residencia santanderina de La Pereda, en la que tras el anuncio de cierre ya sólo quedan seis usuarios, supondrá una fuerte conflictividad jurídica.
Así lo ha advertido en rueda de prensa el coordinador del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Javier González, acompañado de Carlos Meix, delegado en la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria (representante de los funcionarios) y Carmen Ortega, delegada en el Comité de Empresa del Ejecutivo (en representación de los empleados que no son funcionarios).
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria anunció el cierre de este residencia alegando las deficiencias estructurales del edificio y razones económicos, en una decisión que implicaba también la externalización del Centro de Día de Castro Urdiales.
El proceso supuso el traslado de los usuarios a otros centros. En cuanto a los trabajadores (80 según el Gobierno), los fijos se desplazaron a otros centros (en Sierrallana, Torrelavega; Laredo y Santander), a ocupar plazas en las que trabajan interinos (eventuales).
Estos, a su vez, volvieron a las bolsas de trabajo en las que estaban, y la consecuencia ha sido, tal y como ha explicado González, que se está produciendo confusión en las prioridades a la hora de elegir centro entre los interinos que ya estaban y los que han pasado ahora a la bolsa.
Los representantes sindicales han criticado que no se tuviera en cuenta ninguna de sus propuestas, y también que las medidas no hayan llegado aún al Consejo de Gobierno ni a los 'filtros' previos por los que pasan, como los órganos de la función pública, por lo que no es posible conocer su concreción.
Así que hay empleados interinos que al irse "a la calle" ya están estudiando llevar sus casos al Juzgado de lo Social, ha adelantado Fernández, quien ha añadido que también se va a avisar de esta situación a la Inspección de Trabajo y se ha pedido un informe jurídico al Gobierno, sin recibir aún respuesta.
El representante sindical ha pedido al Gobierno que "pare este desatino" y el "caos ya montado", con situaciones como la convivencia, en algunos centros, de los trabajadores fijos desplazados con los eventuales cuya plaza debían ocupar.
González ha criticado la actitud en el proceso de la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, de cuyo departamento depende lo relacionado con los empleados públicos, y ha aseverado que "ni en los peores años de la democracia ha pasado lo que está pasando" en ese área del Gobierno.
CAMBIO "UNILATERAL"
CC.OO ha acusado hoy al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) de incumplir los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación para la recolocación de los trabajadores afectados por el cierre de la residencia de La Pereda y la externalización del centro de día de Castro Urdiales, por lo que ha anunciado la presentación de "multitud" de demandas individuales ante el Juzgado de lo Social por "despidos improcedentes o nulos".
Ha insistido en que esto traerá el "caos" en los diferentes centros públicos donde se tienen que recolocar estos trabajadores (los centros de atención a la dependencia de Cueto, Laredo, Sierrallana, así como el Centro de Atención a la Infancia y Familia -CAIF-y el antiguo Instituto Social de Mariana, ambos en Santander).
Y han criticado que los responsables del ICASS han cambiado "unilateralmente" el sistema vigente hasta ahora para cubrir plazas vacantes, sustituciones y otras contingencias, que era -ha dicho- "que éstas eran cubiertas por los interinos que figuran en una bolsa de trabajo por orden de puntuación según la última oferta pública de empleo de su categoría o especialidad".
"Sin embargo, ahora el ICASS, con el asentimiento de la Consejería de Presidencia y sin ningún informe jurídico que lo sustente, pretende saltarse esta regla que rige para las ocho consejerías regionales y otorgar plazas en función de la antigüedad del trabajador en su centro de trabajo, que no en esta bolsa de sustituciones, lo que claramente choca con los criterios que siempre han mantenido la Administración y los sindicatos en esta materia", ha subrayado.
Para el dirigente de CC OO, este cambio de criterio supone un "ninguneo" para los interinos afectados, "que se tendrán que quedar en casa, a pesar de tener más méritos que otros".
Por otro lado, González ha explicado que el ICASS ha iniciado este martes el traslado de 25 empleados de servicios de La Pereda al centro de Cueto "sin que éstos conozcan ni sus horarios, ni sus períodos de vacaciones ni la perceptiva evaluación de sus puestos de trabajo de acuerdo con la ley de prevención de riesgos laborales".
Finalmente, el coordinador del Sector Autonómico de CC OO ha criticado que todas estas medidas se estén tomando sin la participación de quienes son los máximos responsables, esto es, la directora general de la Función Pública, de quien ha dicho "lleva cuatro meses sin aparecer por su puesto de trabajo sin que éste se haya cubierto", y de la propia consejera de Presidencia, "que desde el conflicto con el 112 lleva más de dos meses sin recibir a los sindicatos".
Para el responsable de CC OO, el cierre de La Pereda y la externalización del centro de Castro, que ha recordado "este sindicato nunca ha apoyado", va a suponer, según ha reconocido la propia Administración, la pérdida de 60 puestos de trabajo. "Pero aún está por ver si no serán más", ha concluido.
