Piñeiro pide al Gobierno cántabro que "lidere" la modificación de una Ley "injusta e insostenible", que genera "inseguridad jurídica"
SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Costas puede conducir al cierre en Cantabria de al menos 1.200 empresas que facturan aproximadamente 6.000 millones de euros y generan más de 25.000 puestos de trabajo (entre empleo directo e indirecto). La cifra podría ampliarse, a medida que se concreten los deslindes que aún no se han abordado, unos deslindes que pueden elevar hasta 1.800 el número de empresas afectadas.
Ésa es una de las principales conclusiones que se extraen de un estudio del impacto socio-económico de la Ley de Costas en Cantabria elaborado por la consultora Saciva y el bufete de abogados Gómez Acebo y Pombo por encargo de la Cámara de Comercio, y presentado en rueda de prensa por el presidente de la entidad cameral, Modesto Piñeiro; el responsable de Innovación e Industria en la Cámara, Martín Silván, y el presidente de Saciva, Luis Marina.
Pero según ha explicado Piñeiro, la amenaza del cierre no es la única consecuencia de la Ley de Costas, que puede llevar también a reubicaciones con costes elevados, difíciles de asumir, y que ya está provocando la paralización de inversiones en marcha y problemas de financiación bancaria, ante la incertidumbre sobre el futuro.
Lo llamativo, es que muchos de los afectados no saben que están incluidos en los deslindes. De hecho, casi el 79% de las empresas encuestadas en este estudio no eran conscientes de su situación y, muchos de ellos, aunque han recibido la notificación, no la han entendido y no han hecho nada.
En cambio, sólo el 0,5 por ciento de las empresas afectadas han resuelto ya su situación con Costas y han llegado a acuerdos en alguno de los términos previstos en la ley.
Con este panorama, la Cámara se ha puesto manos a la obra para difundir toda la información entre los afectados y asesorarles, y al mismo tiempo ha remitido este estudio a administraciones y partidos políticos para pedir su respaldo a la modificación de la ley.
LIDERAZGO DE LA ADMINISTRACIÓN
En palabras de Piñeiro, "es fundamental que desde la administración", en este caso el Gobierno regional, "se lidere la modificación". "Los partidos y la administración regional al frente deben ser conscientes de este problema", ha resaltado el presidente de la Cámara, que también considera "fundamental" que se produzca un "movimiento mayoritario" de gobiernos de otras regiones, ya que esta norma no afecta sólo a Cantabria.
Precisamente, este estudio se ha elaborado a propuesta de algunas de las empresas afectadas para así "poder ejercer presión" sobre las administraciones en favor de una reforma que permita evitar los "perjuicios" que se van a derivar de una norma "injusta e insostenible" que, además, genera "inseguridad jurídica".
"La inseguridad jurídica es tal, que es imposible desarrollar una actividad económica en este país", ha afirmado Piñeiro, quien critica que lo que se hace con esta ley es trazar "una línea sobre el mapa" por la que "automáticamente" pasa a ser ilegal algo que hasta ahora era plenamente legal.
"Al que ya está, y está legalmente, no se le puede echar a la calle o cerrar el negocio", ha enfatizado el presidente de la Cámara, quien ha dejado claro que la Cámara no se opone a la Ley, sino a sus "excesos" y a ciertos aspectos "fácilmente evitables que en nada perjudican al espíritu proteccionista" que inspira la norma.
CIERRES Y DESLOCALIZACIONES
El informe encargado por la Cámara calcula en 1.200 las empresas afectadas en Cantabria por la Ley de Costas (cifra que podría llegar a 1.800 ó más con los deslindes pendientes). Esto supone cuatro empresas por kilómetro de costa, un 4% de las empresas de la región y el 15 por ciento de las empresas que facturan más de un millón de euros.
Entre las consecuencias de la Ley, la principal es el cierre y la consecuente pérdida de puestos de trabajo, ya que algunas de esas empresas no pueden reubicarse, bien porque los costes del traslado serían "inasumibles", o bien porque para su actividad necesitan la proximidad al mar.
Según el informe, pueden desaparecer al menos 1.200 empresas que generan 16.000 empleos directos y 9.000 indirectos. De ellas, 500 son empresas industriales, 260 son comercios, otros 220 negocios de hostelería o turismo, 120 empresas dedicadas directa o indirectamente a la construcción y un centenar de empresas dedicadas a otros servicios.
También puede dar lugar a reubicaciones, que conllevan "grandes inversiones" prácticamente "imposibles" de asumir para gran parte de las empresas. O incluso, según ha agregado Piñeiro, puede traducirse en deslocalizaciones, pero no hacia el interior, sino fuera de España, un factor que, a su juicio, debe tenerse en cuenta, sobre todo porque algunas de las plantas afectadas en Cantabria pertenecen a empresas líderes nacionales e internacionales.
PARALIZACIÓN DE INVERSIONES
Otra consecuencia es la dificultad para conseguir financiación bancaria, ya que, ante la "incertidumbre" sobre su futuro, los bancos son "reticentes" a financiar a estas empresas.
Y otro efecto que ya es palpable, por esa misma incertidumbre, es la paralización de inversiones, que se traduce además en una pérdida de competitividad. De hecho, se calcula que el volumen de las pérdidas y la paralización de inversiones supera los 65 millones de euros.
Así, de las 305 empresas encuestadas para elaborar el informe, el 15,4% ha tenido que paralizar ya inversiones iniciadas en los últimos doce meses y estiman unas pérdidas de 9 millones de euros. Además, un 7% están ejecutando actualmente inversiones pero prevén paralizarlas en los próximos meses, lo que sumará otros 11 millones de pérdidas.
Por su parte, el 24,6% de los afectados prevé realizar inversiones en los próximos meses por valor de 64 millones; y un 14% no ha planificado inversiones por la incertidumbre.
Las zonas afectadas por la aplicación de la Ley son polígonos industriales o zonas sobre las que hay concesiones para la instalación de empresas grandes o medianas. Así, afecta a polígonos como los de Raos, Requejada, la Pesquera, Marismas, Heras o Mies de San Juan, y a empresas como Solvay, Sniace, Equipos Nucleares, Tina Menor, Global Steel Wire, Ferroatlántica, Derivados del Flúor o B3 Cable Solutions.
URGE MODIFICAR LA LEY
Ante esta situación, Modesto Piñeiro cree "absolutamente necesario, ineludible y urgente" modificar la ley en su régimen transitorio para permitir la continuidad de las explotaciones, usos y ocupaciones anteriores a 1988.
La Cámara de Comercio cántabra apoya la proposición de ley presentada por el PP en el Senado, pero además, quiere que otros partidos e instituciones se sumen a la reivindicación y, para ello, ha enviado ya este informe a varios estamentos del Gobierno regional (Presidencia, Vicepresidencia y cinco consejerías), así como a los partidos políticos con representación parlamentaria.
Al mismo tiempo, la Cámara ha emprendido una labor de difusión hacia los afectados, a los que asesorará para que tomen medidas y no esperen pensando que "alguien lo va a arreglar antes de 2018" (fecha de aplicación), porque "las cosas no se arreglan solas".
Entre otras cosas, les recomienda conocer a fondo el funcionamiento del procedimiento de deslinde, mostrarse muy activos y diligentes durante su tramitación, y oponerse a cualquier deslinde que pueda afectar a sus derechos y no esté adecuadamente tramitado y justificado.
Según ha señalado el presidente de Saciva, es importante empezar cuanto antes, porque aunque faltan ocho años hasta 2018, la tramitación de estos procedimientos lleva una media de cuatro años y, además, el momento de la notificación es clave, porque es cuando se pueden presentar alegaciones.
