SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación ecologista ARCA ha pedido al Ayuntamiento de El Astillero una copia de la licencia de obra y del convenio urbanístico relativo al "enorme" edificio que se está construyendo al borde de las Marismas Negras, para comprobar si la obra se ajusta a la legalidad y, en caso contrario, interponer el correspondiente recurso contencioso administrativo.
ARCA considera que el "impacto" de "una mole de cinco plantas" para el entorno de las Marismas Negras es "muy negativo" y que su construcción supone "un nuevo ejemplo de la política del ladrillazo que ha destruido buena parte del paisaje costero de Cantabria".
Además, la agrupación ecologista aseguró en un comunicado tener conocimiento de que los promotores del edifico "ya han tenido problemas" con la Demarcación de Costas, que les ha "obligado a retraer parte de la cimentación", y con la Demarcación de Carreteras, debido a las "grietas y los hundimientos generados en la calzada de la N-635", por lo que la asociación "sospecha que todo el proyecto puede estar repleto de irregularidades".
ARCA lamenta tener que "volver a retomar" sus acciones judiciales contra licencias urbanísticas y que esto pueda "desembocar en nuevas sentencias de demolición". Pero, según aseguró, la asociación "no va a permanecer impasible mientras las instituciones y la clase política trabaja para volver al mismo modelo de especulación urbanística que ha generado enormes daños ambientales a Cantabria, pero también económicos y de empleo.
RELEVO DE MAZÓN
Por último, ARCA insiste en la necesidad de que el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón sea relevado al frente de esta Consejería porque su gestión ha supuesto un "gigantesco paso atrás" con relación a las políticas de su predecesor, el también regionalista Vicente Mediavilla, actual consejero de Presidencia y Justicia.
Así, recordó que Mazón ha "paralizado" la tramitación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), está "socavando" la aplicación del Plan de Ordenación del Litoral (POL), ha "recortado" las medidas de control establecidas en las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), "ha tirado al cesto de los papeles" la Ley del Paisaje, y ha impulsado una modificación de la Ley del Suelo para "aumentar las competencias urbanísticas de los alcaldes y convertir las cabañas en segundas residencias".